Las autoridades de seguridad de Panamá y Colombia se reunirán el próximo viernes para acordar acciones contra los traficantes de personas y el crimen organizado, que cada año mueven a miles de migrantes que arriesgan su vida en la peligrosa selva del Darién en tránsito hacia Norteamérica.
Así lo dijo el ministro panameño de Seguridad, Juan Pino, luego de una gira interinstitucional realizada este fin de semana en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia, para verificar el trato humanitario brindado a la población migrante de paso por Panamá.
“El próximo viernes habrá una reunión de seguridad con el Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, para tocar temas de seguridad en el sector fronterizo” vinculados con la llegada de migrantes irregulares, en un encuentro que tendrá lugar en Colombia, dijo a EFE este domingo una fuente oficial panameña.
La prioridad, según Pino, “es hablar de la trata de personas y cómo vamos a unir esfuerzos para organizarnos y combatir el crimen organizado”.
Cada año, miles de migrantes irregulares movidos por traficantes de personas llegan a Panamá procedentes de Suramérica y con destino a Estados Unidos, en un flujo que ha generado crisis humanitarias en el istmo centroamericano en los últimos años.
Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, en Darién, son las dos primeras comunidades panameñas a las que llegan los migrantes en su paso hacia EE.UU., y en donde Panamá hace los registros de seguridad, les ofrece atención de salud y alimentación.
En la gira por estas comunidades, Pino reiteró el trato humanitario y de respeto a los derechos humanos que ofrece Panamá a los migrantes, de los cuales en estos momentos hay “un aproximado de 3.300” en el país.
Este viernes la jefa del Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), Samira Gozaine, se reunió con sus homólogos de Costa Rica y Colombia, Raquel Vargas y Juan Francisco Espinosa, respectivamente, para hablar sobre el creciente flujo de migrantes.
Específicamente, en la reunión realizada en Costa Rica, se discutió sobre la posibilidad de incluir a la Organización Internacional de Migración (OIM) “en nuestras mesas de trabajo y convenir con ellos de qué forma los organismos internacionales pueden ayudarnos”, señaló Gozaine.
En la reunión se llegó a “acuerdos mutuos para poder salir adelante en esta crisis y ayudarnos en una situación que ni Colombia, ni Costa Rica, ni Panamá son países destino, sino más bien somos países de tránsito”, indicó Gozaine.
Hemos acordado que debe existir “una corresponsabilidad de todos los países de la región, un respeto a los derechos humanos de todos los migrantes que transitan por nuestras áreas, y sobre todo una lucha vertical contra el crimen organizado, contra el tráfico y la trata de personas”, detalló la jefa de Migración panameña.
Adelantó que la próxima semana tendrá lugar un encuentro de los directores de Migración del área para abordar el tema.
Panamá y Colombia, en el marco de una reunión ministerial celebrada en la capital panameña, anunciaron que establecieron una cuota diaria de 650 migrantes hasta finales de este mes y otra de 500 diarios a partir de septiembre, para cruzar por la peligrosa frontera del Darién.
En 2016, la aglomeración de miles de cubanos en la frontera entre Panamá y Costa Rica generó una crisis humanitaria y llevó a los dos países a fijar un plan de flujo controlado, que del lado panameño incluye atención sanitaria, alimenticia y registros biométricos.
El tapón del Darién, utilizado cada año por miles de migrantes procedentes de todo el mundo, mayormente haitianos y cubanos, es considerada una las rutas más peligrosas del mundo, por sus características naturales y la presencia de grupos criminales.
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