La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Perú consiguió por primera vez que la Corte Superior de Justicia impusiera una sentencia condenatoria por el delito de tráfico ilegal de aletas de tiburón, informó este miércoles el Ministerio Público.
El fallo judicial, que crea un precedente en Perú en la lucha contra el tráfico ilegal de especies acuáticas comercializadas con fines de exportación a países asiáticos, condenó a cuatro años y seis meses de prisión a los traficantes Jorge Roldán Angulo y Poly Diks Pinto.
Además, les impuso el pago de una reparación civil de 106.375 soles (28.000 dólares) por tráfico ilegal de especies acuáticas en su forma agravada.
Los hechos sobre este caso ocurrieron el 13 de marzo de 2018, cuando las autoridades detuvieron a un vehículo perteneciente a la empresa Flores Hermanos S.R.L. con destino a Lima y proveniente de la norteña ciudad de Tumbes, y constataron que el camión transportaba 51 sacos de aletas de tiburón, equivalentes a 1.800 kilogramos.
La investigación concluyó que el subgerente de la empresa Ajansa Perú S.A.C., Jorge Roldán Angulo, vendió al conductor Poly Dicks Pinto la mercancía ilegal por 18.000 dólares sin contar con la autorización de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción, para adquirir, comercializar y transportar las aletas de tiburón, conforme lo establece la legislación.
Para la identificación de las aletas, la FEMA contó con la participación del perito Sebastián Hernández, un biólogo marino que concluyó que ocho especies de tiburón se encontraban en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), del cual forma parte el Perú. La FEMA informó en un comunicado que entre las especies analizadas se encontraron al tiburón zorro pelágico, tiburón martillo común, tiburón liso y tiburón sedoso.
Más de 300 especies están amenazadas por el tráfico ilegal de fauna silvestre en Perú, donde cada año se decomisan más de 5.000 especímenes por actividades ilícitas que ponen en riesgo la biodiversidad del país, reconocido por albergar más del 70 % de la diversidad biológica del planeta.
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