El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó este martes el Conpes 4180, la Política Nacional de Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado, aprobado el 30 de diciembre de 2025, con una inversión histórica de 10,1 billones de pesos.
Se trata de una apuesta de Estado que pasa de un enfoque asistencialista a uno de estabilización para poner en marcha 66 acciones que garanticen el acceso a derechos fundamentales e impulse modelos de empleo, autoempleo y economía popular.
Con este Conpes, el Gobierno se propone que al menos el 75% de las víctimas de desplazamiento forzado superen la situación de vulnerabilidad al ser reconocidas como agentes activos del desarrollo económico, la participación política, la construcción de paz, la memoria histórica y la identidad colectiva, a partir de sus saberes, conocimientos y convicciones.
Al respecto, la directora de Planeación Nacional, Natalia Molina Posso, afirmó: “El país tiene una deuda con las víctimas del desplazamiento forzado. Su reconocimiento, reparación y la garantía de no repetición debe ser una verdadera política de Estado que no puede depender de esfuerzos fragmentados o acciones aisladas. Con este Conpes, asumimos un compromiso real para que millones de familias que fueron desplazadas reconstruyan su proyecto de vida con dignidad y recuperen la confianza en las instituciones”.
Esta política pública, que articula a 24 entidades del orden nacional y territorial, posiciona a Colombia como referente global en la gestión de crisis humanitarias.
Colombia tiene más de 9 millones de víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado interno, es decir, cientos de miles de familias en condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad.
Apoyo de Naciones Unidas
El país es uno de los 15 beneficiarios del Fondo de Soluciones Duraderas de la ONU, un hito internacional que respalda la apuesta por soluciones estructurales y de largo plazo para avanzar hacia una paz estable y duradera.
“Desde Acnur (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados) apoyamos el acompañamiento técnico, junto a otras agencias de la ONU, en el camino hacia esta nueva política pública. Se trata de un momento histórico para llevar soluciones duraderas a millones de personas desplazadas internamente, ofreciéndoles oportunidades para integrarse en sus comunidades de acogida, volver a tener un hogar y reconstruir sus proyectos de vida”, dijo Giovanni Lepri, representante de Acnur en Colombia.
Asimismo, reiteró el apoyo de Acnur para que esta política se traduzca en soluciones reales y sostenibles, que pongan fin al ciclo de desplazamiento forzado en Colombia.
Por su parte, la directora de la Unidad para las Víctimas, Alix Dunieka Aguilar Tirado, dijo que la entidad a su cargo continúa fortaleciendo los escenarios de articulación interinstitucional que al final permiten atender de manera significativa los daños ocasionados por el desplazamiento forzado a partir de esta política de soluciones duraderas.
“Sabemos que las soluciones duraderas implican no solo retorno, reubicación o integración local, sino también garantías de no repetición, acceso a derechos, y oportunidades reales para reconstruir la vida en condiciones de seguridad y bienestar. Hoy estamos dando un paso más en ese camino”, aseveró.
Desde noviembre de 2024, Planeación Nacional, Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas trabajaron de manera articulada en la formulación del Documento Conpes 4180, a través de un proceso participativo sin precedentes, pues más de 2.500 liderazgos de organizaciones de víctimas, representantes de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos asistieron a los encuentros pedagógicos virtuales y territoriales que se desarrollaron en todo el territorio nacional.
Con información del Departamento Nacional de Planeación
