La Procuraduría General de la Nación radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una solicitud de medidas cautelares que busca prevenir la destrucción y garantizar la no repetición de las conductas asociadas a los daños efectuados contra de los bienes culturales (materiales e inmateriales) y del territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta).
A través de la protección del sistema vital de los 348 sitios sagrados que conforman e interconectan la “Línea Negra”, el ente de control y las cuatro comunidades de la Sierra Nevada, Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos, buscan evitar vulneraciones y proteger los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de los líderes, lideresas y las autoridades indígenas tradicionales, jurisdiccionales, político-administrativas y espirituales.
El delegado con funciones de coordinación de intervención ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, sobre la solicitud destacó que, después de dos años de trabajo con las cuatro comunidades de La Sierra y más de 16 encuentros interculturales con los Pueblos, “se ha logrado conjugar todos los factores que han determinado las fuertes agresiones contra estos pueblos indígenas”.
Además, agregó que, “los 348 sitios sagrados afectados por el conflicto han sido algunos arrasados, ocupados, menguados, por eso esta solicitud que ha sido considerada por las magistradas como ´histórica´, busca la efectividad de la prevención y recuperación que estos sitios demandan”.
Al mismo tiempo, el delegado Christian Wolffhügel Gutiérrez añadió que, “por un lado se busca proteger el territorio a través de los sitios sagrados como sistema vital“, y por otro lado, “al pueblo como tal y precaver futuras violaciones a los derechos humanos, a través de garantías de no repetición”.
La medida involucra los macrocasos 01, 03 (subcaso Batallón la Popa I, Batallón La Popa II, Costa Caribe y Fase Nacional), 08, 09 (subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia) y el macrocaso 10.
Durante la jornada de socialización, desde la JEP se indicó que este trabajo articulado entre los pueblos de la Sierra y la Procuraduría se constituye en una solicitud de medidas cautelares sin precedentes en la jurisdicción, por las características y el alcance que revisten, lo cual es un verdadero reto para la magistratura.
Además, resaltaron que lo histórico de la solicitud radica en la dimensión integral, ya que no sólo tiene que ver con los riesgos y afectaciones, sino que hace parte de un continuo de violencias. De ahí la conexión que tiene con varios macrocasos, lo cual se constituye en una medida sin precedentes y un reto interno para la jurisdicción.