Como un paso histórico para el cumplimiento de una promesa de la Constitución de 1991 y la garantía de la independencia fiscal y económica a las regiones, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate, con 124 votos a favor y 2 en contra, el proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Participaciones, al que solo le resta la conciliación.
La reforma constitucional, que cumplió sus ocho debates en el Senado y la Cámara de Representantes, representa un avance importante para reducir las brechas económicas y sociales del país.
La enmienda a la Carta Política fue producto del consenso entre el gobierno nacional, el Congreso de la República, las alcaldías y gobernaciones del país, que logró llegar a acuerdos para fortalecer la autonomía fiscal de los municipios, distritos y departamentos, asegurando que los recursos se destinen, de manera eficiente, en servicios básicos como educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros.
Luego de la aprobación, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que “esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes, legítimamente y siendo amigos de la descentralización, tenían preocupaciones desde el punto de vista fiscal”.
El sistema que se venía aplicando en Colombia se basaba en que la Nación transfiere a los entes territoriales el 23,8% de sus ingresos corrientes. Con la entrada en vigencia del acto legislativo, los entes territoriales pasarán a recibir el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, un cambio que se hará de manera gradual mientras se les asignan nuevas responsabilidades.
“La noticia hoy es que Colombia da un paso hacia la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo la regla fiscal, condicionando la aprobación de este acto legislativo a la Ley de Competencias, que va a ser la gran discusión que vamos a dar en el país y, sobre todo, lo más importante, que podamos cerrar brechas territoriales”, señaló el ministro Cristo.
Agregó que, con esta aprobación, daremos un “salto cualitativo en materia de educación, de salud, de saneamiento y de agua potable, que es lo mínimo que merecen nuestros compatriotas en los territorios y que este centralismo no les ha permitido tener durante las décadas”.
Las voces del territorio
Luego de la aprobación de la iniciativa, el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, dijo que “por primera vez, un proyecto del gobierno nacional y, a través del Congreso de la República, realmente está haciendo un gesto de descentralización importante para que los territorios puedan tener esa posibilidad económica de avanzar en torno a sus metas y sus planes de desarrollo y avanzar en cada una de las problemáticas que tiene la gente en zonas apartadas”.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, destacó la importancia que los recursos lleguen a las regiones para cerrar las brechas sociales y económicas. “Desde el año 91 se viene peleando, pero no se ha avanzado en el tema; y hoy es la oportunidad grande para el país, para que nosotros podamos avanzar en un proyecto tan importante para las regiones y para la gente”, señaló.
Lo que falta
Cumplidos los ocho debates reglamentarios para una reforma constitucional, la iniciativa pasa ahora a manos de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes para la conciliación, es decir comparar y ajustar en un solo texto lo que se aprobó en las plenarias de las dos corporaciones.
En el texto de la iniciativa se estableció que esta reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) solo entrará en vigor cuando el Congreso apruebe, entre 2025 y 2026, la Ley de Competencias, que determinará cuáles son las funciones que hoy tiene el nivel central que serán asumidas por las regiones, las cuales determinan mayores responsabilidades a las entidades territoriales.
El espíritu de la norma establece que, además de recibir más recursos, los territorios deberán fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y supervisión de los programas y proyectos.
Por esta razón, el Ministerio del Interior ha propuesto que la construcción de la Ley de Competencias se realice a través de una mesa técnica que incluya todas las voces posibles, con el apoyo y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Una vez aprobada la Ley de Competencias, la Nación comenzará a transferir, de manera gradual y durante un plazo de hasta 12 años, el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación, tal como lo establece la legislación.