La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) adviertió con preocupación el impacto que tendría la iniciativa legislativa de la ‘Ley de Financiamiento’, una nueva reforma tributaria que modificaría lo dispuesto para el tratamiento del carbón dentro de los combustibles gravados con el Impuesto al Carbono.
Esta iniciativa del Gobierno Nacional que busca modificar la Ley 1819 de 2016, ya modificada por la Ley 2277 de 2022, plantea incrementar el valor con el que se gravan los combustibles fósiles -ahora expresado en UVT- lo que de manera alarmante aumenta la cifra correspondiente para el carbón.
Esto conllevaría a un alza de precios en la generación de energía que se verá reflejada en las facturas de los usuarios finales de electricidad en el país.
“Desde el gremio identificamos un efecto negativo tanto para el sector eléctrico como para la industria nacional que se abastece de este mineral en sectores tan relevantes como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas, dado que se presentará un incremento en la tarifa de energía eléctrica del orden de $80 por kilovatio-hora, lo que representará un impacto sobre la demanda eléctrica cercano a los 4.5 billones de pesos/año. También se impactará el empleo de la pequeña minería asociada al carbón”, destacó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.
Además, indicó que modificar el impuesto al carbono generaría un aumento de las tarifas de electricidad en Colombia para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como en el ya deficitario fondo de subsidios del sector eléctrico, dado que se incrementaría la apropiación anual del Gobierno Nacional en el presupuesto en cerca de 1 billón de pesos para financiar los subsidios que otorga el Estado a los usuarios de menores ingresos.
Por otro lado, el gremio proyecta un efecto neto negativo para la sociedad del orden de 4.8 billones de pesos al año, ya que con la nueva propuesta se recaudarían solo 700 mil millones de pesos, mientras que el costo de la medida para el país sería de 5.5 billones de pesos. Por lo tanto, insiste ANDEG, esta medida representa más riesgos que beneficios para el país, pues el déficit fiscal que se generará es mayor al recaudo esperado.
Adicionalmente, esta propuesta legislativa modifica la gradualidad para la aplicación del impuesto ya definida hace 2 años, planteando que en 2025 se aplique 75% de la tarifa del impuesto en vez del 25%; “esto va en contravía de una transición energética segura y gradual, y con estos cambios abruptos se desdibuja la continuidad, así como el principio de justicia y proporcionalidad de la política pública”, enfatizó Castañeda.
Al gremio también le preocupa que, desde la Ley 2277 de 2022, se limita al 50% la aplicación del mecanismo de no causación del impuesto al carbono ya que en la propuesta del Gobierno solo el 27% del recaudo del impuesto estaría dirigido a la acción climática, lo que contradice el objetivo de aplicar un instrumento económico de precio al carbono para incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y movilizar la acción ambiental, convirtiéndolo así en un recurso para el flujo de caja estatal.
Finalmente, si bien es muy importante enfrentar los retos de cambio climático, es adecuado considerar que las prioridades de Colombia están centradas en el crecimiento del país y en brindar bienestar a su población, lo que implica impulsar el uso responsable de sus recursos naturales y garantizar la provisión confiable de los servicios públicos esenciales asegurando la competitividad nacional.
Por eso, el llamado de Andeg es a replantear la propuesta y analizar el alto impacto socioeconómico que esta representa, estudiando las distintas iniciativas de instrumentos de precio al carbono que se están presentando para no causar una doble tributación y sí generar mayor seguridad para la inversión.