En un acto solemne, celebrado en la casa natal del general Santander, se dieron cita las cabezas del poder público para conmemorar el bicentenario de la promulgación de nuestra primera Constitución de carácter nacional. El evento en Villa del Rosario fue una ceremonia llena de alegorías de la banda del Batallón Guardia Presidencial- y canciones- que hicieron sentir los 200 años de la Constitución Política de 1821. Y allí, donde se quiso comenzar en firme nuestra vida nacional y republicana, el presidente Duque afirmó que se trató de “una Constitución que une naciones, que invita a un gran sueño, que invita a la integración permanente”.
¿Integración permanente? Quedó como una “frase de cajón” pues, hay que decirlo: se olvidó ostensiblemente desde los primeros años de este siglo cuando los presidentes Uribe y Chávez inauguraron una relación binacional hiper ideologizada y, por ende, conflictiva ramplona y tensa, que arrojó mucho más ruido y fricciones que realidades integradoras. Sin embargo, estas relaciones tuvieron un lapso de distensión y retorno a la diplomacia durante el gobierno Santos debido al pragmatismo derivado de su “corrección política” y al proceso de paz con las extintas Farc. Pero esto fue insuficiente por cuanto la diplomacia volvió a dejarse de lado para dar paso nuevamente a la conflictividad ramplona con las actitudes de Duque y Maduro, herederos de los primeros.
El descrito es el marco político de la predominante conflictividad, fomentada entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, un espinoso escenario que tiene como contrapartida la geografía humana de estrechos intercambios y lazos de convivencia ciudadana a escalas locales y regionales, geográfica e históricamente construida en interacciones transfronterizas de mayor o menor intensidad entre ciudades y ruralidades emplazadas a lo largo de los 2.119 kilómetros de límites que demarcan los territorios de las dos naciones, donde el departamento de Norte de Santander es el principal receptor de la conflictividad bilateral.
Es esta conflictividad la que ha gravitado en el trasfondo de la situación de desorden público e inseguridad multidimensional de esa región fronteriza. Ataques a la población civil- el asesinato de un menor de edad y de un joven es el último episodio-, a la Fuerza Pública e incluso al presidente Duque, evidencian el recrudecimiento de la violencia en la región que, ¡oh paradoja! nos vio nacer a la vida republicana, y dos siglos después no ha sido objeto de la soberanía estatal plena, la misma que tiene como característica esencial la capacidad de hacer vigente la ley y el orden. Por ejemplo, “en el Catatumbo hay una ausencia de reglas de juego y vacío institucional que las comunidades anhelan, un orden social que es brindado, en gran parte, por la gente del frente 33 que se ha convertido en una oferta de seguridad y justicia en Tibú”, sostiene Jorge Mantilla, investigador del Laboratorio de Frontera.
Por todo lo anterior y teniendo en mente la convivencia de los habitantes, es del más alto interés nacional abrir el flujo de comunicaciones interinstitucionales regionales con la República Bolivariana de Venezuela- así no se restablezcan las relaciones diplomáticas-, al mismo tiempo en que se implementa una estrategia con líneas de acción no solo de seguridad ciudadana y nacional, sino también de reactivación socioeconómica con incentivos comunitarios binacionales.
Por Carlos Alfonso Velásquez