Frente a la sanción, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: “Sobrecostos hasta del 7.000% en medicamentos contra la sociedad y los pacientes de Colombia. Tres sociedades mayoristas son las responsables”.
Las sancionadas son Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta SAS (mayorista); Fabilu SAS (mayorista y propietaria de la IPS Clínica Colombia ES, de Cali), y Fabisalud IPS – SAS (propietaria de la IPS Clínica Cristo Rey de Cali.
Estas tres sociedades fueron sancionadas con $5.763,4 millones tras las labores de inspección, vigilancia y control que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para el cumplimiento del Régimen de Control Directo de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos al exceder los precios máximos de venta fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Circular 13 de 2022.
La norma protege los derechos de los pacientes, garantiza el acceso a tratamientos esenciales y vela por la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La SIC encontró que Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta SAS entre octubre de 2022 y junio de 2023 comercializó 47 medicamentos, excediendo los precios máximos de ley en porcentajes que van desde 1,24% hasta 7.000,93%.
En el caso de Fabilu SAS, se descubrió que entre enero y diciembre de 2023 vendió a una Empresa Social del Estado nueve medicamentos con sobrecostos de entre 3,5% y 164,7%.
También Fabilu SAS, como IPS propietaria de la Clínica Colombia ES, entre enero y diciembre de 2023 comercializó diez medicamentos con sobrecostos de entre 3,38% y 2.175,11%.
Finalmente, Fabisalud IPS – SAS, propietaria de la Clínica Cristo Rey, entre enero y diciembre de 2023 comercializó cuatro medicamentos con sobrecostos de entre 0,09% y 100%.
Contra estas sanciones de primera instancia proceden los recursos de reposición y de apelación.
La SIC explica que el régimen de control directo a precios de medicamentos y dispositivos médicos es una medida esencial adoptada por el Gobierno nacional para proteger el interés general y prevenir posibles abusos de agentes del mercado, velando por la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
De esta manera se garantiza que los recursos públicos asignados sean utilizados de manera eficiente, brindando así una protección efectiva a derechos fundamentales, tales como la salud y la vida, que se ven comprometidos debido al sobrecosto de los medicamentos requeridos por pacientes que acuden al sistema.
Con información de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC