Como parte de las acciones para proteger los derechos de las mujeres indígenas desplazadas o en riesgo, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior convocar de manera inmediata la primera sesión de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) del año en curso, una obligación legal que le asiste en cumplimiento del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional.

La CNMI fue creada por el Decreto 1097 de 2020 como un mecanismo fundamental para garantizar los derechos de las mujeres indígenas desplazadas y en riesgo, y está integrada por diversas entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio del Interior, que asume la secretaría técnica y debe financiar una de sus dos sesiones anuales obligatorias.

En tal sentido, el órgano de control solicitó a la cartera del Interior un informe detallado sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos y el avance de políticas públicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, con enfoque diferencial y participación efectiva de los pueblos indígenas.

Con este llamado, el Ministerio Público busca garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en la formulación de políticas públicas y asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones legales de proteger a las comunidades indígenas en situación de especial vulnerabilidad.