Las mujeres tienden a verse afectadas de forma desproporcionada por las crisis sanitarias y económicas en varios aspectos, como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, y las dimensiones productivas y económicas, y en América Latina el contexto detrás de esta importante brecha de género es una crisis profunda y multidimensional que no parece tener una solución en el corto plazo.
De hecho, la prevalencia de la inseguridad alimentaria severa casi se ha duplicado desde que los datos del FIES (2) se recogieron por primera vez en 2014 (1), la prevalencia de la pobreza parece haberse estancado en niveles de la década pasada y la pobreza extrema es superior a la de hace 20 años (3).
Las mujeres son más pobres que los hombres, y el índice de feminidad de la pobreza no ha mejorado en 2021, al contrario; de igual modo, no ha habido avances significativos en la reducción de la desigualdad (CEPAL).
La situación de desigualdad de ingresos es marcada en la región4: un 27.6% de las mujeres no cuenta con ingresos propios contra el 11.2% de los hombres.
En Guatemala este porcentaje sube hasta el 51% (contra el 14% de los hombres) y supera el 30% en países como Honduras, Colombia o Venezuela.
De hecho, durante la pandemia, se registró una contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral, lo que significó un retroceso de casi dos décadas, y en el 2022 la participación de las mujeres en el mercado laboral era del 51% contra el 75% de los hombres (CEPAL).
En la misma línea, las desigualdades en el sistema de salud afectan más a las mujeres, y la pandemia ha supuesto un importante retroceso en la cobertura de los programas de salud sexual y reproductiva (SSR).
Todos estos datos nos ayudan a entender la situación de exclusión y desigualdad que viven las mujeres. Sin embargo, son los registros sobre la violencia de género los que nos muestran en toda su magnitud la situación de vulnerabilidad al que están expuestas las mujeres en la región y la urgencia de actuar.