Por Armando Russi
Gerente de sostenibilidad y asuntos públicos de AJE Colombia / Presidente Cámara Internacional de Negocios Climáticos- CINC
En Ginebra, el Tratado Global de Plásticos* se acerca a su etapa decisiva (14 de Agosto de 2025). Las discusiones se han centrado en temas como prohibiciones globales, límites a la producción, químicos de preocupación y financiamiento.
En paralelo, países como Colombia han propuesto, junto con Perú, que si no hay consenso, se permita adoptar el tratado por votación calificada. Es un gesto que busca evitar el bloqueo, pero que también implica medir con cuidado qué texto sería viable y beneficioso para el país.
Activismo sin arquitectura económica: un riesgo real
Un tratado escrito desde el activismo puro —sin integrar la lógica económica que lo hará posible— puede ser más peligroso que no tener tratado. Las prohibiciones sin un diseño claro de implementación, financiamiento y gobernanza generan tres riesgos: Inaplicabilidad, metas que no pueden cumplirse con las capacidades tecnológicas y de mercado actuales; Erosión de credibilidad, compromisos incumplidos debilitan la posición internacional del país; Desviación de recursos: capital y esfuerzo se concentran en cumplir formalidades, no en reducir impactos reales.
La experiencia en otros acuerdos multilaterales muestra que un texto políticamente correcto, pero económicamente impracticable, termina retrasando soluciones más eficaces.
El debate sobre los topes a la producción
La idea de establecer un límite global a la producción de plástico virgen suena ambiciosa y, para algunos, inevitable. Sin embargo, para Colombia podría tener efectos no deseados:
· Restricción de oferta sin sustitutos claros: si el tope se aplica de forma lineal, puede encarecer insumos críticos para sectores exportadores (alimentos, flores, farmacéuticos), afectando competitividad sin lograr una reducción proporcional de residuos.
· Ventaja para países con mayor poder de negociación: las cuotas de producción podrían asignarse en función de niveles históricos, beneficiando a productores actuales y limitando el margen de crecimiento de economías emergentes.
· Riesgo de deslocalización: si no hay un ajuste en frontera, la producción se moverá a países fuera del tratado, generando fuga de inversión y empleo.
Colombia: oportunidad para influir con pragmatismo
Colombia tiene la oportunidad de proyectarse como un actor que impulse un tratado ambicioso pero realista. El objetivo no es ubicarse mecánicamente en uno u otro bloque, sino garantizar que el acuerdo final ofrezca reglas claras y armonizadas, que reduzcan los costos de cumplimiento y den previsibilidad a la inversión. Para lograrlo, se requiere un marco que combine incentivos económicos bien diseñados con metas de desempeño verificables, de forma que la innovación y la competitividad sean parte de la solución y no víctimas de ella.
Esto debe ir acompañado de un financiamiento que sea accesible y esté condicionado a resultados concretos, capaz de respaldar la transición de pymes y cadenas exportadoras. Igualmente, el tratado debe asegurar una gobernanza sólida y sistemas de trazabilidad creíbles, con medición y auditoría independientes que eviten el greenwashing. Solo así Colombia podrá defender un texto que no se quede en la declaración de intenciones, sino que pueda aplicarse de forma efectiva y generar resultados medibles para la sostenibilidad y la economía.
Una mirada desde la experiencia
Haber participado de cerca en las negociaciones previas en Nairobi (Kenia), Ottawa (Canadá) y Busan (Corea del Sur) permite reconocer patrones que hoy se repiten en Ginebra: expectativas políticas que superan las posibilidades técnicas, bloques de negociación —donde se enfrentan países del Alto Ambición como la Unión Europea, Ruanda o Chile contra productores de petróleo y petroquímicos como Estados Unidos, Arabia Saudita o Rusia— que emplean el tiempo como herramienta de presión, y textos que, en su afán de alcanzar consenso, terminan diluyendo elementos esenciales.
Estas rondas pasadas han dejado claro que la verdadera fortaleza de un tratado no está en el número de declaraciones, sino en la calidad y viabilidad de sus mecanismos.
Un tratado con bases económicas sólidas puede convertirse en un activo para la competitividad colombiana: abre mercados, atrae inversión sostenible y estimula innovación. Por el contrario, un tratado que priorice gestos políticos sobre diseño técnico puede derivar en costos desproporcionados, pérdida de confianza empresarial y menor flujo de capital.
En un escenario global donde la sostenibilidad ya es un criterio de inversión, Colombia necesita un tratado que equilibre ambición y viabilidad. Eso significa defender medidas que funcionen en el mercado y en la planta de producción, no solo en la sala de negociación.
*El proceso para lograr un tratado global jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos comenzó en marzo de 2022, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) aprobó por consenso la resolución que dio origen al Comité Intergubernamental de Negociación (INC). Desde entonces, se han realizado cinco rondas principales: Punta del Este (2022), París (2023), Nairobi (2023), Ottawa (2024) y Busan (2024). Cada una dejó avances parciales y temas sin resolver, acumulando un texto de negociación con múltiples corchetes y visiones enfrentadas.