Debía ser el primer semestre de 2014. Estaba en el despacho del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. El pretexto de un café serviría para conversar, suponía yo, de lo que para el momento era el tema de interés: el proceso de paz que el gobierno adelantaba con las FARC y al que él no le tenía mucha fe.
El ministro me confió entonces un organigrama de esa organización guerrillera que tenía desplegado en una pequeña oficina contigua de su despacho. Una vez estuvimos frente a las fotos, nombres y conexiones entre los líderes guerrilleros, me preguntó con el tono de intuir la respuesta: ¿usted los conoce a todos, cierto? Me llamó la atención la pregunta y le respondí de inmediato. No los conocía a todos, a algunos sí, después de casi una década de cubrimiento de los procesos de paz, y como asesora de la Oficina del Alto Comisionado de la Paz de la Presidencia estos guerrilleros habían sido objeto de trabajo. Y en seguida me soltó la siguiente frase: “María Alejandra, ¿por qué no se viene a trabajar de este lado?”.
Ese es el centro del problema: la misma institucionalidad me ha puesto “de un lado”. Esta anécdota sirve de contexto para ilustrar lo que para mí ha sido una constante en más de 28 años de trabajo y es que que los militares hayan creado una sospecha permanente sobre mi trabajo profesional, señalando cercanía o incluso pertenencia a una de las guerrillas colombianas.
Ahora saltemos entonces al perfilamiento del 2019. Yo conozco el proceso de paz con el ELN, que es uno sólo desde 1998. Y en el 2016, tras la firma del acuerdo con FARC, el Presidente Santos me vinculó al equipo del gobierno que sostendría las negociaciones con ese grupo en Quito, Ecuador. Mi jefe directo fue Juan Camilo Restrepo. Yo dejé ese encargo en julio de 2017 y me fui a vivir fuera del país. En enero del 2019, el ELN metió un carro bomba en la Escuela Superior de Guerra Gral Santander en Bogotá y asesino a 23 cadetes.
Indignada, como todos los colombianos, pasado un poco más de un mes y ya vinculada al Canal Caracol, propuse una entrevista con el jefe de la delegación del ELN “Pablo Beltrán”. El canal respaldó la propuesta, el ELN aceptó la entrevista y fue así como se hizo y se publicó el 3 de marzo. Desde ahí comenzó el nuevo capítulo de los perfilamientos.
En el 2020, en plena pandemia, supe que mi nombre, mis datos personales y más detalles de mi vida privada, estaban en una carpeta de la inteligencia militar, junto a la de un grupo grande de periodistas. Esto, que en su momento fue considerado ilegal por el mismo gobierno, produjo la salida de varios militares señalados de utilizar los equipos de inteligencia para entregarle información a un tercero interesado en “encontrar” no sabemos qué, de quienes estábamos siendo perfilados. El Presidente de la Republica Iván Duque en una llamada personal se comprometió conmigo a investigar y llegar hasta el fondo del asunto. Más de 200 colegas en una carta pública se unieron a la pregunta ¿quién ordenó esto? Todavía no lo sabemos.
Desde entonces la historia se ha venido desarrollando. Nueva evidencia ha demostrado que después de que se inició el proceso de seguimientos y vigilancia, la Comandancia del Ejército y su batallón de inteligencia, solicitaron oficialmente realizar una operación llamada “hábil” contra mí, “la periodista María Alejandra Villamizar”. Me dedicaron una operación de inteligencia con fuentes abiertas OSINT, sustentada en la Ley de Inteligencia. ¿Cuál era el objetivo de perfilar a una persona que, en su condición de periodista tiene una vida pública? Según dice el documento investigaban la posible relación con Pablo Beltrán.
La investigación en la Fiscalía no ha avanzado en una línea. Tampoco en la Procuraduría y hoy, en un gobierno diferente tampoco desde el Ministerio de Defensa, o la Comandancia del Ejército hay pronunciamiento alguno.
Lo que estamos pidiendo es que retiren nuestros nombres de cualquier seguimiento que pretenda sembrar señalamientos de vínculos con grupos ilegales por realizar tareas periodísticas, como una entrevista a un jefe de un grupo ilegal —que hoy vuelve a ser protagonista de una mesa de negociaciones—. Y que de una vez por todas, se supere el complejo de los militares de descargar en unos profesionales de la información, relaciones inexistentes que violan la libertad de prensa y vulneran los derechos fundamentales. Dejar atrás la estigmatización sería un paso fundamental para ejercer libremente el periodismo en un país en el que la guerra continua, y la seguiremos cubriendo como es nuestro deber.
Por: María Alejandra Villamizar Maldonado, periodista
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