El llamado al Gobierno Nacional, a través de una comunicación directa al Presidente, busca garantizar el respeto a los derechos ancestrales sobre Katanzama, destacando la importancia de este territorio para la continuidad de un modelo educativo único en Colombia.
En una reunión oficial realizada en la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad del Magdalena, representantes del Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira Sierra Nevada, junto al rector Pablo Vera Salazar, acordaron elevar un llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para evitar la remoción del predio “Los Acantilados” (Katanzama).
El mencionado territorio ancestral enfrenta condiciones legales y económicas que ponen en riesgo la integridad cultural del pueblo arhuaco y un innovador proyecto educativo intercultural liderado por la institución.
El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar Ph.D, enfatizó el contexto histórico y cultural de Katanzama, “en el marco de la alianza que hemos establecido con el pueblo arhuaco desde el liderazgo de Danilo Villafaña, quien nos dejó un legado imborrable en Katanzama, hemos pedido al señor Presidente que considere la resolución provisional que otorga el predio en el marco de los derechos al territorio sagrado y la ampliación del resguardo”.
“Estas condiciones, que exigen pagar deudas y pólizas por más de 240 millones de pesos, son imposibles para una comunidad que mide su riqueza en términos de saberes, no económicos”, explico el rector Vera Salazar.
Un modelo educativo y cultural en riesgo
Katanzama, considerado un puente espiritual entre la Sierra Nevada y el mar, es también el epicentro de la primera universidad intercultural de Colombia, un proyecto liderado por la Universidad del Magdalena para integrar los saberes ancestrales con la educación superior.
Este modelo único busca ser un faro de reconciliación y desarrollo sostenible, beneficiando a las comunidades indígenas y al país.
El rector Vera Salazar destacó que “en Katanzama queremos construir una sede de la Universidad del Magdalena para el tránsito inmediato a la educación superior en el marco de la estrategia de universidad intercultural que lidera el Ministerio de Educación.
“Nuestro pedido respetuoso al Presidente de la República, a la directora de la SAE y al Ministro de Educación es que se haga una entrega definitiva del predio. Retirar este territorio a sus legítimos propietarios, el pueblo Arhuaco, sería un acto que contradice su derecho histórico y cultural”, destaco el Máximo Directivo universitario.
Un llamado urgente al respeto de los derechos indígenas
Luis Salcedo Zalabata, gobernador del Cabildo Arhuaco, reafirmó que “no es justo que hoy nos pidan pagar impuestos. Esto es totalmente contrario a nuestros derechos. Pedimos al señor Presidente que nos libere de esta carga, porque no tenemos la capacidad económica y estas normativas no deberían aplicarse a un pueblo ancestral como el nuestro.”
A través de una declaración el rector Pablo Vera Salazar argumentó que la Universidad del Magdalena asume el compromiso de seguir acompañando al pueblo Arhuaco en este proceso, asegurando que la titulación definitiva del predio se logre sin que las normativas económicas se conviertan en una barrera para sus derechos.
“Este es un acto de justicia que simboliza restituir los derechos de nuestros pueblos indígenas después de 500 años de lucha”, conceptuó el Rector.
Exigencias inalcanzables para una comunidad ancestral
La Sociedad de Activos Especiales – SAE ha solicitado al Cabildo Arhuaco cumplir con requisitos financieros como el pago de impuestos prediales acumulados y la constitución de pólizas de garantía antes del 29 de diciembre.
Estas condiciones, como expresó Vera Salazar, son inaplicables a una comunidad que ha preservado este territorio sagrado durante siglos.
La Universidad del Magdalena y el Cabildo Arhuaco esperan que el Gobierno Nacional tome medidas inmediatas para garantizar la permanencia de Katanzama como un territorio sagrado y un modelo educativo que honra la riqueza cultural y ancestral de Colombia. Este llamado representa no solo una defensa del territorio, sino una apuesta por un país más inclusivo y respetuoso de sus raíces.