La ONG de Venezuela Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció este jueves que entre el 1 y 30 de septiembre documentaron 30 feminicidios consumados y 11 intentos frustrados, lo que representa en promedio una acción de esta naturaleza contra la mujer cada 18 horas.
“El 63,4 % de las víctimas tenían un rango de edad de 19 a 48 años y 2 de ellas estaban embarazadas. Los crímenes ocurrieron: el 23,3 % en Miranda; el 16,7 % de los feminicidios ocurrió en el Distrito Capital (Caracas), el 10 % en Aragua y el 10 % en Sucre”, explicaron en una nota de prensa.
La organización señaló, además, que como consecuencia de estos crímenes, siete niños quedaron huérfanos, y en uno de los casos, uno de ellos fue testigo presencial de la muerte violenta de su madre.
Cepaz indicó que en el 66,7 % de los casos no se estableció la edad del agresor y el 23,3 % de los victimarios tienen edades comprendidas entre 36 y 51 años de edad.
Además, en tres de los casos reportados el agresor está presuntamente vinculado a una organización criminal.
“En cuanto a la detención del agresor, el 66,7 % están en situación de fuga. El 10 % fue aprehendido a lo largo de la investigación policial y otro 10 % mueren en el contexto de los hechos. En tres de los casos, el feminicida intentó suicidarse y uno de ellos lo intentó y no lo consiguió”, añadió la organización.
Sobre los vínculos entre la víctima y el agresor, Cepaz encontró que en el 30 % de los casos había relación de pareja y exparejas.
“En lo que respecta a la aparente motivación del feminicidio, el 13,3 % de los casos refiere que la víctima había decidido separarse del agresor y en 10 % se trató de venganza por parte de organizaciones criminales. El 6,7 % los hechos estuvieron precedidos de un arranque de celos o alegatos de infidelidad”, señalaron.
Cepaz sostuvo que en el 36,7 % de las situaciones las mujeres mueren producto de disparos de bala, el 13 % asfixiadas o estranguladas y el 10 % acuchillada.
La ONG se mostró preocupada por la “ausencia del Estado ante injusticias que cada vez se vuelven más atroces y que involucran niños que, lastimosamente, han tenido que presenciar el asesinato de su progenitora, sin pensar en el daño psicológico que esto pueda causarle a futuro”.
“Siguen sin existir políticas públicas que garanticen la seguridad de una mujer que se atreve a denunciar porque, en teoría, cuenta con una ley que ampara sus derechos, pero en la práctica, las condiciones de desigualdad la colocan en una situación de indefensión que termina por poner fin a su vida”, apostillaron.
De igual forma, criticaron que el Estado del país caribeño no publique cifras oficiales sobre femicidio o violencia de género, lo que ayudaría a tomar acciones y generar políticas públicas.
“Más bien se dificulta cada vez más el acceso, tanto para la sociedad civil como para las propias víctimas”, puntualizó Cepaz.
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