El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un documento Conpes sobre política agraria para los próximos diez años (2026-2036) que contiene 146 acciones lideradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, articuladas a través del Sistema Nacional de Reforma Agraria, y que involucra la participación de otras 26 entidades estatales.
Se trata del documento ‘Conpes 4184 Política de Reforma Agraria: redistribución de tierras y aguas para la producción y el cuidado de la vida’, y que prevé una inversión de $18 billones, en su mayoría, provenientes del Presupuesto General de la Nación.
El documento busca reducir las brechas de desigualdad y garantizar los derechos fundamentales, y para ello contempla un Plan de Acción en seis ejes estratégicos:
1- Redistribución de tierras, aguas y bienes naturales.
2- Redistribución de activos productivos rurales.
3- Fortalecimiento de la institucionalidad agraria.
4- Justicia agraria especializada.
5- Reconocimiento e inclusión de los sujetos populares del campo.
6- Distribución de riesgos climáticos y sostenibilidad.
Estos seis ejes estratégicos pretenden superar la persistencia del atraso productivo, la pobreza rural, la baja productividad agropecuaria y las desigualdades territoriales, así como su vínculo histórico con el conflicto armado.
“Es la primera vez que tenemos un documento de política pública de reforma agraria. El Conpes 4184 representa un hito histórico, en la medida en que consolida una hoja de ruta integral y de largo plazo para enfrentar la desigualdad agraria estructural mediante una estrategia redistributiva explícita”, aseguró la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, en la presentación del documento en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Icarrd+20) que se desarrolló en Cartagena de Indias.
El Conpes 4184 parte de que la desigualdad en la ruralidad no es el resultado de fallas aisladas ni de dinámicas coyunturales, sino de un sistema agrario históricamente configurado que reproduce, de manera sostenida la concentración de la tierra y el agua, la asignación desigual de activos productivos rurales, la fragmentación institucional y la exclusión política de amplios sectores rurales.
La política se inscribe en un nuevo marco constitucional que fortalece el enfoque redistributivo, con el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural y el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada.
“Este Conpes es trascendental, porque impactará la vida de millones de personas que viven en la ruralidad, que viven su día a día en esa Colombia profunda que ha estado en el olvido, pero que tendrá una transformación estructural orientada a corregir desequilibrios históricos en la distribución de recursos y poder en la ruralidad”, concluyó la directora del DNP.
Con información del Departamento Nacional de Planeación.
