La Ley del Plomo: US$3.348 millones, el valor social de las vidas perdidas en Barranquilla por los asesinatos
Jorge Medina Rendón
Esta es una investigación sobre cuánto le está costando la violencia homicida a Barranquilla en la década actual
Hay una pregunta incómoda porque parece imposible formularla sin rozar la insensibilidad: ¿cuánto cuesta una vida?
La primera respuesta debería ser que una vida no tiene precio. Ninguna cifra devuelve un hijo a su madre, un padre a sus hijos, un hermano a sus hermanos. No existe moneda capaz de comprar los años que alguien dejó de vivir ni contabilidad que pueda reconstruir una familia después de un asesinato.
Pero las sociedades sí han tenido que aprender a calcular el valor económico de evitar una muerte prematura. Lo hacen cuando deciden cuánto invertir en carreteras más seguras, hospitales, contaminación, prevención de accidentes, seguridad industrial o políticas contra el crimen.
La economía creó incluso un concepto para ello: el Valor Estadístico de una Vida, conocido internacionalmente por las siglas VSL.
Y si aceptamos que evitar una muerte tiene un valor económico para una sociedad, entonces aparece la pregunta que Barranquilla pocas veces se ha hecho:
¿cuánto le han costado sus muertos?
No solamente cuántas personas fueron asesinadas. No solamente cuántos homicidios ocurrieron este año frente al anterior. No solamente si la tasa subió o bajó.
Cuánto perdió la ciudad con ellos.
Porque un asesinato no termina cuando Medicina Legal certifica una muerte. Económicamente, apenas comienza.
La persona asesinada deja de trabajar, producir, consumir, pagar impuestos, criar hijos, acumular experiencia, crear empresas, estudiar, enseñar o cuidar a otros. El Estado moviliza policías, investigadores, fiscales, médicos forenses, jueces, defensores y cárceles. Las familias pierden ingresos y muchas veces deben asumir gastos inesperados. Los barrios acumulan miedo. Los negocios modifican horarios. Las empresas gastan más en seguridad. Algunas inversiones buscan otros destinos.
La bala mata una vez.
Sus consecuencias siguen circulando durante años.
Los muertos que deja esta década
La década comenzó de una manera que nadie había imaginado. En marzo de 2020 Barranquilla, como casi todo el planeta, se encerró para escapar de otra forma de muerte. Las calles quedaron vacías, los comercios cerraron y durante semanas la ciudad pareció suspendida.
Ni siquiera aquel silencio consiguió detener completamente el homicidio.
Los registros utilizados por el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla muestran 288 homicidios durante 2020. En 2021 fueron aproximadamente 355 y en 2022 se registraron 333. Para 2023, las bases consolidadas posteriormente por las autoridades departamentales registran 375 homicidios.
Entonces llegó 2024.
Y algo se rompió.
Barranquilla alcanzó 493 homicidios, según el Anuario Estadístico del Atlántico, que utiliza información oficial de seguridad. La tasa llegó a 38,54 homicidios por cada 100.000 habitantes. Fue el punto más alto de estos primeros años de la década.
Durante 2025 hubo una reducción. El balance de las autoridades cerró con 425 homicidios en Barranquilla, 68 menos que los 493 registrados el año anterior, una caída cercana al 14 %. Pero celebrar esa disminución sin mirar la dimensión histórica puede producir una ilusión estadística: 425 personas asesinadas siguen representando una carga de violencia extraordinariamente alta para una ciudad.
Sumados los seis años completos entre 2020 y 2025, el resultado ronda las 2.269 personas asesinadas.
Dos mil doscientas sesenta y nueve vidas.
Ese número es difícil de imaginar porque los grandes números terminan anestesiándonos. Un muerto tiene nombre. Cien muertos comienzan a convertirse en estadística. Dos mil pueden terminar siendo apenas una celda en una hoja de cálculo.
Pero la economía permite mirar esa cifra desde otro lugar.
¿Cuánto vale una vida?No estamos hablando del valor moral de una persona.Estamos hablando del costo que representa para una sociedad perderla antes de tiempo.
El Ministerio de Salud de Colombia acaba de enfrentarse precisamente a este problema al elaborar un análisis económico de impacto normativo. Para hacerlo revisó diferentes estimaciones internacionales del Valor Estadístico de una Vida aplicables al país.
Encontró cifras muy distintas: US$640.000, US$1,1 millones, US$1,228 millones y US$2,1 millones según la metodología y el estudio empleado.
El promedio calculado por el propio equipo técnico del Ministerio fue de aproximadamente:
US$1.476.000 por vida estadística.
Es una referencia especialmente útil porque no estamos importando caprichosamente el valor que Estados Unidos o Europa asignan a una vida. Estamos utilizando un documento técnico colombiano que revisa expresamente estimaciones aplicables al país.
Ahora hagamos una operación que resulta perturbadora.
Si las aproximadamente 2.269 víctimas de homicidio de Barranquilla entre 2020 y 2025 se valoraran utilizando ese promedio, el orden de magnitud de la pérdida de bienestar social sería de:
US$3.348 millones.
Más de tres mil trescientos millones de dólares.
Convertirlo a pesos requiere escoger una tasa de cambio y un año base, por lo cual no sería metodológicamente serio multiplicarlo simplemente por la cotización del dólar de hoy y presentarlo como una pérdida contable. Pero, para entender su dimensión, estamos hablando de una valoración social situada en el entorno de varios billones de pesos colombianos, probablemente por encima de los diez billones, dependiendo del año monetario y de la metodología de actualización que se adopte.
Aquí debemos hacer una advertencia fundamental.
Barranquilla no perdió literalmente esa cantidad de dinero de su presupuesto.
El Valor Estadístico de una Vida no funciona así.
Representa el valor económico que una sociedad asigna a reducir el riesgo de muerte y, por tanto, permite dimensionar la magnitud social de las vidas prematuramente perdidas. Confundirlo con dinero que dejó de entrar a las cuentas del Distrito sería convertir una herramienta económica seria en una cifra espectacular pero falsa.
Y este reportaje pretende exactamente lo contrario.
Queremos saber cuánto cuesta la muerte sin hacerle trampas a los muertos.
Existe una manera mucho más estricta de acercarnos al dinero efectivamente perdido: calcular el capital humano destruido.
Imaginemos a un trabajador asesinado a los 25 años.
No desaparece solamente su salario del mes siguiente. Desaparecen potencialmente décadas de actividad económica.
Si hubiese trabajado hasta los 62 o 65 años, dependiendo del modelo utilizado, habría producido bienes o servicios, recibido ingresos, consumido alimentos, comprado ropa, pagado vivienda, utilizado transporte, quizá adquirido un automóvil, pagado IVA, realizado aportes a seguridad social, comprado una casa, educado hijos, ahorrado y posiblemente creado patrimonio.
La economía que habría ocurrido alrededor de esa persona deja parcialmente de ocurrir.
Por eso la edad de las víctimas importa tanto.
Matar a una población predominantemente joven no solamente eleva el número de homicidios: multiplica los años potenciales de vida y producción perdidos.
El Banco Interamericano de Desarrollo utiliza precisamente el capital humano perdido para calcular parte del costo del crimen en América Latina. Su metodología considera la producción económica que desaparece por homicidios, delitos no letales y encarcelamiento.
Y los resultados para Colombia ayudan a comprender la magnitud del fenómeno.
En 2022, el BID estimó que el crimen y la violencia representaban para Colombia un costo equivalente al 3,64 % del producto interno bruto.
Dentro de esa enorme factura estaban los costos públicos de Policía, justicia y sistema penitenciario; el gasto privado destinado a protegerse del delito y la pérdida de capital humano.
Esta última representaba aproximadamente 0,88 % del PIB colombiano.
Pero hay un dato todavía más revelador: únicamente el componente de capital humano perdido por homicidios equivalía aproximadamente al 0,62 % del PIB nacional.
Es decir, matar personas tiene una consecuencia macroeconómica medible.
Una geografía donde también se muere de manera desigualLa violencia tampoco se distribuye democráticamente por Barranquilla.
Los registros territoriales de la Alcaldía muestran una concentración histórica en determinadas localidades.
Entre 2020 y 2023, por ejemplo, el Suroccidente acumuló 128 homicidios en 2020, 164 en 2021, 145 en 2022 y 125 en 2023. El Suroriente pasó de 74 en 2020 a 111 en 2023. La localidad Metropolitana registró 62, 64, 71 y 70 durante esos mismos cuatro años.
Eso significa que el mapa del homicidio termina superponiéndose con otro mapa mucho más antiguo: el de las desigualdades urbanas.
Hay barrios donde vivir cuesta más porque sobrevivir cuesta más.
Allí la violencia puede terminar convertida en una especie de impuesto invisible. El tendero paga rejas. El comerciante instala cámaras. La familia evita determinados lugares. El empresario contrata vigilancia. Los horarios se acortan. Una casa puede perder atractivo por el entorno. Un negocio deja de abrir de noche. El Estado pone más policías y cámaras donde habría podido invertir esos recursos en otras necesidades.
El dinero sigue circulando.
Pero circula para defenderse del miedo.
El negocio que también produce muertos
La explicación del fenómeno tampoco cabe simplemente en la palabra inseguridad.
La Fundación Ideas para la Paz ha advertido sobre la relación entre el comportamiento reciente de homicidios y extorsiones en Barranquilla y las disputas de estructuras criminales. Su análisis señaló que 2024 fue uno de los años más violentos de las últimas dos décadas y relacionó parte de la dinámica con confrontaciones entre organizaciones y mercados ilegales.
Eso cambia también la naturaleza económica del problema.
Porque detrás de determinados homicidios existe otra economía.
Una economía ilegal.
Extorsión, narcotráfico local, control territorial y otras rentas criminales generan ingresos para organizaciones cuya capacidad de supervivencia depende precisamente de imponer costos sobre la economía legal.
Una empresa paga impuestos al Estado.
Una empresa extorsionada puede terminar pagando, además, un impuesto clandestino al crimen.
Y cuando se niega puede aparecer la amenaza.
Después el atentado.
A veces el cadáver.
Por eso el homicidio no puede analizarse únicamente como el desenlace de una confrontación individual. En determinadas circunstancias constituye el instrumento mediante el cual una organización criminal administra mercados, impone obediencia, protege territorios y conserva rentas.
La muerte también puede ser una herramienta económica.
El presupuesto invisible de la muerteDespués de cada asesinato comienza una maquinaria pública que pocas veces calculamos como una unidad.
Alguien llama a emergencias. Llegan patrullas. Se protege la escena. Aparecen investigadores. Se recoge evidencia. Interviene la Policía Judicial. Un cuerpo debe ser inspeccionado y trasladado. Medicina Legal realiza procedimientos forenses. La Fiscalía abre una investigación.
Si aparece un sospechoso vendrán órdenes judiciales, investigadores, capturas, fiscales, defensores, audiencias, jueces.
Si existe condena aparecerá otra cuenta: prisión durante años.
Y todo eso lo paga la sociedad.
Una investigación futura podría llegar incluso a calcular cuánto cuesta al Estado colombiano llevar un homicidio desde la escena del crimen hasta el cumplimiento completo de una condena.
Pero sería incorrecto inventar esa cifra ahora.
No encontramos todavía una contabilidad pública consolidada que permita afirmar que cada homicidio en Barranquilla cuesta exactamente determinada cantidad en Policía, Fiscalía, Medicina Legal, Rama Judicial y sistema penitenciario. Aunque gran parte de este presupuesto corresponde a la Nación y a las instancias judiciales.