Nueva ley de sometimiento no tendrá más espacios para mesas de diálogo: Minjusticia

Bogotá, 19 de septiembre de 2026. El Ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el Gobierno ya avanza en la construcción del proyecto de ley de sometimiento que se radicará en el Congreso y aseguró que en los actuales momentos se encuentra en “trámites de revisión por parte de la Presidencia».
En entrevista con la revista Semana, el titular de la cartera informó que este ha “sido un trabajo arduo, de muchas personas y muchas horas» y señaló que el Gobierno va a utilizar la Ley 418, pero “mucho más fuerte, más consistente», en la medida en que “reflejará la política que expresó el hoy Presidente Abelardo De La Espriella desde la campaña».
Para el Ministro es claro que con esta ley “no hay la más mínima posibilidad de que este Gobierno abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para un estatus político, que era una de las grandes preocupaciones que uno escuchaba en la oposición», y anotó, además, que no habrá zonas de concentración y que los miembros de los grupos criminales no tendrán participación en la construcción del proyecto de ley.
“Esta no es una ley para un gobierno; vamos a tratar que sea una política de Estado y que no esté identificada solamente a cuatro años, sino para periodos más largos», dijo.
El Ministro Cancino explicó que en materia de rebajas de penas –que están contempladas en la justicia ordinaria–, el proyecto de ley plantea que cuando se trate de cabecillas de grupos criminales este beneficio no superará el 30 %, mientras que un miembro ordinario de esas organizaciones podrá aspirar al 50 %, pero reconoció que “lo difícil es que le den ese 50 por ciento».
En este sentido, informó que “todo va a estar supeditado a las víctimas», debido a que en el proyecto de ley se establece que para obtener la libertad condicional ya no serán las tres quintas partes de la condena cumplida, sino que deberá cumplir las cuatro quintas partes.
“Si la persona en el cumplimiento de su pena muestra un buen comportamiento, repara a las víctimas, cuenta la verdad, entrega dinero, libera a los secuestrados y revela la ruta de las desapariciones, por ejemplo, eso puede ir disminuyendo para que tenga un plus en comparación con la ley ordinaria», dijo.
Adicionalmente, aclaró que para obtener la libertad condicional, además de lo que establece la ley ordinaria, en el proyecto se propone incluir el requerimiento del “concepto favorable de la víctima», porque si la víctima “no está de acuerdo, no se da la libertad condicional o la suspensión de la pena».
Cárceles normales y productivas
En la entrevista, el Ministro Cancino dejó claro que no existirán sitios especiales de reclusión y señaló que en el proyecto se habla de “cárceles normales», así como de “cárceles productivas, porque a esas personas hay que enseñarles a hacer cosas diferentes a estar en la delincuencia», de tal forma que “al terminar ese periodo de privación de la libertad, exista una oportunidad para que esa persona pueda reincorporarse a la vida y no que vuelva a armar grupitos».
“Aquí tiene que haber una política de sometimiento, pero que sirva para que esas personas no vuelvan a armarse en contra del Estado colombiano», enfatizó.
Al referirse al tema de la verdad, el Ministro recalcó que “sin verdad, no hay nada» y explicó que no es solamente decir la verdad sino, además, “entrega de rutas, armas, de todos los miembros de la organización, garantías de no repetición, reparación, y todo tiene que ser sumado. Le reitero: el papel de la víctima aquí, por primera vez, condiciona muchos de estos resultados».
Con respecto a los bienes y dineros que tienen los miembros de estos grupos criminales, el titular de la cartera aseguró que quienes se sometan se quedan “sin nada», porque “tienen que entregar todo, porque eso fue adquirido de manera ilícita y lo que van a obtener a cambio es que el Estado les permita entrar en la ley de sometimiento y que con esos bienes se repare a las víctimas».
“El proyecto es claro en que la entrega de bienes no implica la devolución de ningún porcentaje. Por el contrario, si la víctima o alguien encuentra que los victimarios escondieron bienes, serán expulsados inmediatamente de la ley y van a la ordinaria», indicó.
El Ministro Cancino recalcó que este proyecto de ley de sometimiento no crea ninguna jurisdicción especial y todo va a estar manejado por los fiscales y los jueces.
Al explicar el proceso que debe seguir quien se quiera someter, aseguró que esa persona deberá nombrar un interlocutor válido y reiteró que “aquí no hay estatus ni habrá diálogo político. La iniciativa prevé que el interlocutor válido tiene que ser un abogado que no pertenezca a la organización. Con eso el mensaje es claro: Aquí no vamos a debatir nada político, aquí no habrá estatus».
Recalcó, además, que para quienes se sometan a la ley las órdenes de captura siguen vigentes, así como las solicitudes de extradición, si las tienen.
“Si una persona tiene orden de captura con pedido de extradición, que se someta para que, cuando cumpla la extradición, pueda regresar y tener arreglada su situación en Colombia como beneficio. No se suspenderá ninguna extradición porque la persona esté en sometimiento», dijo.
El alto funcionario aseguró que las autoridades no dejarán de perseguir a los criminales, porque –dijo– “la delincuencia se tiene que combatir con mano dura, como lo han hecho de manera extraordinaria el Ministro de Defensa y la Fuerza Pública, pero también implica capturas, y con las capturas no hay beneficios».
Al subrayar que no habrá cese al fuego por parte del Estado, el titular de la cartera manifestó: “El Estado no va a arrodillarse ni va a ceder ante las presiones. Aquí no hay extorsiones, no hay chantajes. Si no se acogen, se someterán a que la justicia siga actuando y la Fuerza Pública también».
El Ministro de Justicia reveló que el Presidente Abelardo De La Espriella ordenó la “instalación de un pabellón piloto de extremas medidas de seguridad en la cárcel de Girón» y aclaró que lo que se va a hacer con los criminales es “romperle su línea de comunicación externa con el delito».
Comentó que “para el que quiera una segunda oportunidad, también tendremos una política para ellos, para las mujeres, ley de utilidad pública, cárceles productivas, cárceles de mínima y mediana seguridad. Es decir, mano dura para el que se enfrente con el Estado, pero también muchas posibilidades para el que se someta, se entregue o esté cumpliendo su pena privativa de la libertad».
Respecto a las cárceles que se van a construir, dijo que estas se harán con la figura de las alianzas público-privadas y explicó que “hay que buscar ubicaciones que no afecten a la ciudadanía; la idea es generar cárceles productivas».
“Ya el Presidente le dio la instrucción a la persona que va a llegar a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para que haga una lista. La SAE también está haciendo un listado actualizado de bienes para venderlos, o los que sean del Estado. Es decirle a un constructor que tenga experiencia en cárceles: le doy este lote, construya una cárcel. Eso es lo que se está desarrollando», dijo.
Fumigación y autonomía universitaria
El Ministro de Justicia confirmó que el Gobierno va a fumigar los cultivos ilícitos sin desconocimiento de las decisiones judiciales y acatando las recomendaciones, y sostuvo que “Colombia es un país que necesita la fumigación terrestre, vía manual, la de drones o la aérea, con todo el respeto a la protección del medioambiente, a la población civil y brindando alternativas en la sustitución de cultivos».
Al referirse a la autonomía universitaria, el titular de la cartera aseguró que el Gobierno la respeta, pero –dijo– “hay que tener muy claro que esa autonomía no significa repúblicas independientes».
De acuerdo con el Ministro de Justicia, “la ley habilita al Estado colombiano a ingresar, de manera excepcional, a las universidades en ciertas condiciones. Una de ellas es cuando se esté poniendo en peligro la vida o el bien público de alguna persona. De tal manera que, si se están realizando incendios, se está agrediendo a la gente, se están lanzando las llamadas papas bomba, la política del Gobierno será entrar, pero a controlar, no a agredir».
Con información de la revista Semana
