Por Amylkar D. Acosta Medina

La nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella no recibe simplemente unas finanzas públicas deterioradas sino también desbarajustadas.

Recibe una verdadera bomba fiscal de tiempo, cebada durante los cuatro años del gobierno Petro por el crecimiento desbordado del gasto, la caída del recaudo, la acumulación de obligaciones sin financiación y el recurso cada vez más frecuente al endeudamiento.

En efecto, la deuda bruta del Gobierno Nacional se incrementó en el cuatrienio del ex presidente Gustavo Petro la suma estrambótica de $369 billones.

Con corte a junio de este año la deuda acumulada de Colombia pasó desde los $798 billones hasta los $1.167 billones, superando el 60% del PIB.

La deuda ha crecido a un ritmo vertiginoso, de $260.000 diarios. Cada niño que nace en Colombia viene al mundo no con la arepa debajo del brazo, como decían los arrieros paisas, sino con una deuda heredada de $22.1 millones (¡!).

La deuda interna asciende a $899.7 billones, equivalente al 46.6% del PIB proyectado para el 2026. Entre tanto la deuda externa  asciende a los $267.4 billones, equivalente al 13.9% del PIB. Esta última se discrimina de la manera siguiente: 62.3% está denominada en dólares, 17.2% en euros, 18.3% en francos suizos y 2.1% en pesos colombianos. Si prorrateáramos el monto total de la deuda del gobierno nacional entre los 53.9 millones de colombianos a cada uno de nuestros compatriotas le correspondería $20 millones de esta obligación, suma esta que contrasta con los $2 millones que debíamos en 1991 (¡!). Ello explica que de cada $100 que recauda la DIAN $37 tienen como destinación específica el pago de la deuda y sus intereses. Este cuadro hace insostenible las finanzas del Gobierno central, tanto más en cuanto que mensualmente mientras se recaudan $29 billones se gastan $40 billones.

Contrariamente a lo reportado por la administración anterior el déficit fiscal al cierre de 2026, proyectando un 5.3%, alcanzaría el 7.2% y ello gracias al recorte draconiano del Presupuesto de la actual vigencia que decretará el Ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez de $21.9 billones. De lo contrario, según los estimativos del Ministro dicho déficit subiría hasta 8.2%. A despecho de lo que se propuso el Presidente Abelardo de la Espriella de reducir el gasto público, ello no va a ser posible por ahora, el Estado deberá gastar más y no menos, sobre todo si se tienen en cuenta los recursos que demandará la reconstrucción en los departamentos afectados por el terremoto que se estiman en $38 billones.

Esa es la herencia maldita que le deja el gobierno saliente al país: un déficit fiscal desbordado, una deuda creciente , un presupuesto cada vez más inflexible y un margen de maniobra prácticamente inexistente. Lo que se gastó irresponsablemente ayer tendrá que pagarse mañana, y la factura recaerá sobre la nueva administración y, en últimas, sobre todos los colombianos.

El llamado “Presupuesto de la Verdad”, presentado por el nuevo Gobierno para la vigencia de 2027, asciende a $634,9 billones, para un crecimiento del 14.2% con respecto al Presupuesto de 2026, equivalente al 29.9% del PIB, $59 billones más que el proyecto devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso ($575.6 billones), alegando que estaba desfinanciado en $30 billones. Ello se explica, según el Ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, a que el proyecto presentado por el ex ministro Germán Ávila “dejó desfinanciados sectores clave como la salud ($2 billones), las pensiones ($6.5 billones), la educación superior ($0.7 billones), los subsidios de energía ($5.8 billones) y el Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (9.6 billones)”.

Del total presupuestado, el 62 % se destinará a funcionamiento ($392.5 billones), 7.3% mayor, el 24 % al servicio de la deuda ($155.4 billones), para un crecimiento del 54.7%, casi el doble de la partida para la educación ($78.7 billones) y apenas el 14 % para la inversión ($86.9 billones). Aunque el funcionamiento continúa siendo el componente de mayor tamaño, el servicio de la deuda alcanza su nivel histórico más elevado. Mientras que la contrapartida de sus ingresos se reparte de la siguiente manera: ingresos corrientes $315.1 billones (49.6%), recursos de capital (préstamos) $287.7 billones (45.3%), fondos especiales $20.7 billones (3.3%) y contribuciones parafiscales (11.4 billones (1.8%).

Como complemento de este Presupuesto ha anunciado el Ministro de Hacienda que presentará un proyecto de “ley de rescate que incluirá medidas para contener en el corto plazo el acelerado crecimiento del gasto público y la explosión de la deuda que amenaza el futuro de la economía”. Ello para reencausar las finanzas del Estado, descartando de plano una nueva reforma tributaria que conlleve una mayor carga impositiva. Ello da para pensar que, por lo pronto los mayores recursos requeridos se arbitrarán acudiendo a la emisión de deuda. Ello no deja de preocupar, habida cuenta de que, según Luis Fernando Mejía, ex director de Fedesarrollo, “al incluir amortizaciones de deuda y otras operaciones de caja, las necesidades totales de financiamiento llegarán a unos $266.3 billones”.

Estas cifras muestran la magnitud del problema. Casi una cuarta parte del presupuesto nacional tendrá que utilizarse para atender las obligaciones financieras del Estado, por aquello de que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Son recursos que no podrán destinarse a construir carreteras, acueductos, escuelas y hospitales; tampoco a impulsar la vivienda, la seguridad, la transición energética, el desarrollo rural o la reactivación económica.

El presupuesto ha dejado de ser lo que de ser, un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas en el pasado. La deuda contraída ayer desplaza la inversión de hoy y compromete los ingresos del mañana. Así de claro!

ENDEUDARSE PARA PAGAR LA DEUDA

Lo más preocupante es que el país tendrá que contratar nueva deuda para atender la deuda existente. Una parte de los recursos obtenidos mediante la colocación de títulos y la contratación de créditos no financiará nuevas obras ni proyectos productivos. Se destinará a refinanciar vencimientos, pagar intereses y sustituir obligaciones anteriores. En términos coloquiales, habrá que abrir un hueco para tapar otro, recurriendo a la figura del “jineteo” bancario cebando la bomba.

Esta práctica dejo de ser excepcional dentro del manejo financiero de un Estado. Los gobiernos refinancian normalmente una parte de sus obligaciones. Lo peligroso aparece cuando el endeudamiento deja de ser un mecanismo para financiar inversión y se convierte en una necesidad permanente para cubrir déficits estructurales y pagar deudas anteriores.

Entonces se configura un círculo vicioso: el déficit obliga a contratar más deuda; la nueva deuda incrementa el pago de intereses; los mayores intereses agravan el déficit y este, a su vez, exige más endeudamiento. Es la temida bola de nieve de la deuda pública.

Cuanto mayor sea la percepción de riesgo, más alta será la tasa que deberá pagar Colombia para conseguir recursos, la que ya supera el 15%. Y cuanto más costoso resulte el financiamiento, mayor será la proporción del presupuesto que deberá destinarse al servicio de la deuda. La pérdida de confianza termina traduciéndose en mayores intereses, menor inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para los colombianos.

El endeudamiento no es gratuito. Toda deuda pública de hoy se paga mañana mediante impuestos, reducción del gasto, venta de activos o contratación de nuevas obligaciones. En cualquiera de estos casos, alguien termina pagando la cuenta.

UN PRESUPUESTO INFLEXIBLE

La nueva administración no solo recibe un presupuesto desfinanciado, sino también altamente inflexible, rígido. Buena parte del gasto está amarrado estructuralmente por disposiciones constitucionales y legales, compromisos pensionales, transferencias territoriales, aseguramiento en salud, subsidios, gastos de personal y obligaciones previamente adquiridas. Sumadas estas partidas del presupuesto representan alrededor del 90% del total de su aforo, convirtiéndose en una camisa de fuerza para cuerdos.

Esto significa que el Gobierno dispone de muy poco espacio fiscal para efectuar recortes sin afectar programas esenciales o provocar fuertes resistencias sociales y políticas. Por eso, cuando las cuentas no cuadran, la inversión pública suele convertirse en la principal variable de ajuste.

Y allí reside otra de las grandes paradojas fiscales: para pagar el gasto acumulado y el servicio de la deuda se termina sacrificando la inversión que permitiría crecer más, elevar la productividad y generar los ingresos necesarios para sanear las finanzas públicas. Es el equivalente a vender las herramientas de trabajo para pagar las cuentas de la casa. Puede aliviar temporalmente la caja, pero reduce la capacidad futura para generar ingresos.

La baja inversión pública afecta especialmente a los territorios más rezagados. Los departamentos y municipios que padecen déficits históricos de infraestructura, agua potable, conectividad, educación, salud y energía son los primeros damnificados cuando el Gobierno nacional tiene que recortar sus programas de inversión.

Por eso, la crisis fiscal no es un asunto abstracto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados indefinidamente.

LA INFLEXIBILIDAD PRESUPUESTAL

EL ABANDONO DE LA REGLA FISCAL

A esta situación se suma el abandono temporal de la Regla Fiscal. El gobierno Petro activó la cláusula de escape para las vigencias 2025, 2026 y 2027, con el compromiso de retornar plenamente a su cumplimiento a partir de 2028.  

La Regla Fiscal no es un simple capricho tecnocrático. Es un mecanismo de autocontrol que busca impedir que los gobiernos gasten indefinidamente por encima de sus posibilidades y trasladen la factura de sus decisiones a las administraciones y generaciones futuras. Su cumplimiento transmite confianza a los inversionistas, a las calificadoras de riesgo, a los organismos multilaterales y a quienes financian al Estado. Su suspensión, en cambio, despierta dudas sobre la capacidad del país para ordenar sus cuentas y honrar sus compromisos sin recurrir a ajustes traumáticos.

El problema es que el retorno previsto para 2028 luce cada vez más difícil. La administración De la Espriella deberá evaluar con realismo si la situación heredada permite cumplir la senda establecida o si será inevitable aplazarla. Pero cualquier aplazamiento deberá ser excepcional, transparente y acompañado de un programa riguroso y verificable de consolidación fiscal. No se puede convertir la cláusula de escape en una puerta giratoria para evadir indefinidamente la disciplina fiscal. Aplazar el retorno sin adoptar correctivos estructurales equivaldría a prolongar la agonía y dejar crecer la bola de nieve.

Si las metas originales resultan materialmente imposibles, será necesario sincerarlas. Pero sincerar no significa renunciar a la responsabilidad fiscal. Significa reconocer la verdadera dimensión del déficit, formular una nueva senda de ajuste, establecer metas anuales verificables y explicarles con claridad a los colombianos cómo y cuándo se recuperará el equilibrio.

LA HORA DEL SINCERAMIENTO

El primer deber de la nueva administración es decir la verdad. Durante demasiado tiempo las cuentas públicas se presentaron bajo supuestos excesivamente optimistas de crecimiento, recaudo y eficiencia tributaria. Se presupuestaron ingresos inciertos para financiar gastos ciertos y permanentes.

Ese procedimiento permitió aplazar las decisiones difíciles, pero no resolvió el problema. El déficit no desaparece por ocultarlo en una proyección optimista ni la deuda disminuye por cambiar su presentación contable.

El “Presupuesto de la Verdad” debe marcar, por ello, el comienzo de un auténtico sinceramiento fiscal. El país necesita saber cuánto debe realmente, cuánto deberá pagar por intereses y amortizaciones, cuáles obligaciones carecen de financiación y qué programas tendrán que revisarse o aplazarse.

También deberá conocerse con precisión el volumen de las cuentas por pagar, las vigencias futuras, las deudas con los sectores de la salud y la energía, las obligaciones pensionales y los compromisos asumidos sin respaldo presupuestal suficiente. Solo a partir de un diagnóstico completo será posible diseñar un ajuste creíble.

La transparencia es indispensable porque el ajuste exigirá sacrificios. Y ningún sacrificio será aceptado por la ciudadanía si antes no se demuestra que el Gobierno eliminó el despilfarro, combatió la corrupción, redujo la burocracia innecesaria y mejoró la eficiencia del gasto.

UN AJUSTE INEVITABLE

La nueva administración no podrá eludir el ajuste. Podrá discutir su velocidad, su composición y la distribución de sus costos, pero no podrá evitarlo. Cuando una familia, una empresa o un Estado gasta permanentemente más de lo que recibe, llega inevitablemente el momento de ordenar sus cuentas.

El ajuste deberá combinar varias medidas: racionalización del gasto, reducción de la evasión y la elusión, revisión de subsidios ineficientes, mejor focalización de los programas sociales, fortalecimiento de la administración tributaria, venta responsable de activos no estratégicos y recuperación de la inversión privada.

Pero no se puede caer en la solución fácil de otra reforma tributaria basada únicamente en aumentar las tarifas a quienes ya pagan. Colombia necesita ampliar la base, combatir la informalidad, simplificar el sistema y estimular la actividad productiva. Sin crecimiento económico no habrá ajuste fiscal sostenible.

Una economía estancada recauda menos, genera menos empleo y aumenta las demandas sociales sobre el Estado. Por eso, el ajuste no puede limitarse a recortar, deberá hacerse un esfuerzo fiscal para emparejar las cargas. También debe recuperar la confianza, reactivar la inversión, brindar seguridad jurídica y atraer capital nacional y extranjero. La mejor política fiscal no consiste únicamente en gastar menos, sino en gastar mejor y crear las condiciones para que la economía crezca más.

¿QUIÉN DEBE PAGAR LA CUENTA?

El ajuste tampoco puede recaer desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables. Sería socialmente injusto y económicamente contraproducente que quienes menos tienen terminaran pagando el costo principal de los excesos y equivocaciones del gobierno anterior.

Antes de reducir programas sociales esenciales, el Estado deberá revisar el gasto suntuario, los contratos innecesarios, la proliferación de entidades, la duplicación de funciones, la nómina paralela y los subsidios que terminan beneficiando a hogares y empresas que no los necesitan.

El mayor sacrificio debe recaer sobre el despilfarro, la ineficiencia y la burocracia improductiva. Cada peso malgastado es un peso que falta para la inversión social y productiva, cumpliéndose el aserto del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz según el cual “quienes sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”. Tal cual!

Pero también será necesario establecer prioridades. El Estado no puede hacerlo todo al mismo tiempo ni prometer lo que no está en capacidad de financiar. Gobernar responsablemente implica escoger, aplazar y, en algunos casos, renunciar a iniciativas deseables pero fiscalmente inviables. La política responsable no consiste en repartir promesas, sino en garantizar que cada compromiso tenga una fuente cierta y sostenible de financiación.

LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO PETRO

La responsabilidad política por esta situación no puede diluirse. El gobierno Petro recibió advertencias reiteradas sobre el deterioro de las finanzas públicas, la caída del recaudo, el crecimiento del déficit y el peligro de abandonar la Regla Fiscal.

Sin embargo, persistió en ampliar el gasto, crear nuevas obligaciones y comprometer recursos que el país no tenía. Se gobernó como si la chequera pública fuera inagotable y como si el endeudamiento no tuviera consecuencias. El resultado está a la vista: el país tendrá que destinar una proporción sin precedentes de su presupuesto al servicio de la deuda, reducir la inversión y ejecutar un ajuste que será atribuido a la nueva administración, aunque sus causas principales provengan de la anterior.

Esta es una de las prácticas más nocivas de la política: disfrutar los réditos inmediatos del gasto y trasladarles los costos a los sucesores. Se distribuyen beneficios en el presente, mientras la factura se oculta para que otro gobierno tenga que cobrarla. No obstante, la nueva administración tampoco puede limitarse a denunciar la herencia recibida. Tiene la obligación de corregir el rumbo. La explicación del pasado es necesaria para establecer responsabilidades, pero no puede convertirse en una excusa para la inacción.

RESTABLECER LA CONFIANZA

El desafío principal consiste en recuperar la confianza. Sin confianza, el crédito se encarece, la inversión se aplaza, el crecimiento se debilita y el recaudo disminuye. Con confianza, en cambio, el país puede financiarse en mejores condiciones, atraer inversión y ampliar gradualmente su capacidad productiva. Para restablecerla, el Gobierno deberá presentar una estrategia fiscal de mediano plazo coherente y cumplible. No bastan los anuncios ni las metas ambiciosas. Se requieren decisiones concretas, cronogramas, indicadores y mecanismos independientes de seguimiento.

También será indispensable un gran acuerdo nacional. La magnitud del problema supera la capacidad de una sola administración. El Congreso, los empresarios, los trabajadores, los gobiernos territoriales y la sociedad civil deberán entender que la sostenibilidad fiscal es un patrimonio colectivo. No se trata de defender a un gobierno determinado, sino de proteger la estabilidad económica del país. Sin finanzas públicas sanas no hay política social sostenible, transición energética viable, infraestructura suficiente ni desarrollo territorial posible.

LA FACTURA DEL POPULISMO

El populismo suele presentar el gasto público como si fuera gratuito. Promete derechos, subsidios, programas y transferencias sin explicar de dónde saldrán los recursos para financiarlos. Pero tarde o temprano la realidad se impone. Todo gasto tiene una fuente: los impuestos presentes, la deuda que deberán pagar las generaciones futuras o la inflación que deteriora el poder adquisitivo de los ciudadanos. No existe una cuarta alternativa.

El gobierno Petro pretendió ignorar esta verdad elemental. Su herencia demuestra que no basta con proclamar grandes propósitos sociales. Cuando las políticas carecen de sostenibilidad financiera, terminan perjudicando precisamente a quienes se pretendía beneficiar. Los primeros afectados por una crisis fiscal siempre son los más pobres. Son ellos quienes dependen en mayor medida de los servicios públicos, de la inversión social y de la estabilidad de los precios. También son quienes tienen menos capacidad para protegerse frente al desempleo, la inflación y la devaluación. Por ello, ordenar las finanzas públicas no es una política antisocial. Por el contrario, constituye una condición indispensable para proteger los programas sociales y garantizar su continuidad.

UNA HIPOTECA SOBRE EL FUTURO

El gobierno De la Espriella recibe una nación hipotecada. Una parte creciente de los ingresos futuros ya está comprometida en el pago de las obligaciones contraídas en el pasado. Cada billón destinado al servicio de la deuda reduce la capacidad del Estado para responder a las necesidades presentes. Esa hipoteca fiscal restringirá la acción del nuevo Gobierno. Muchas de sus propuestas deberán aplazarse, reducirse o reformularse. No por falta de voluntad política, sino porque la caja está exhausta y la deuda no da espera.

La sociedad deberá comprender que el ajuste no es una decisión caprichosa de la nueva administración, sino la consecuencia inevitable de los excesos anteriores. Pero el Gobierno tendrá que demostrar, con hechos, que los sacrificios están repartidos equitativamente y que cada peso ahorrado se administra con transparencia. 1Colombia necesita pasar del presupuesto de las ilusiones al presupuesto de las realidades. Debe dejar atrás la costumbre de financiar gastos permanentes con ingresos transitorios, de inflar las proyecciones de recaudo y de recurrir al crédito para postergar los problemas.

EL PAÍS NO PUEDE CONTINUAR VIVIENDO AL DEBE

La nueva administración afronta una misión enorme: evitar que el déficit se vuelva inmanejable, estabilizar la deuda, recuperar la confianza, preservar la inversión y reconstruir gradualmente el ancla de la Regla Fiscal. Será una tarea dolorosa, compleja e impopular. Pero postergarla haría que el ajuste futuro fuera mucho más severo. Mientras más tarde se actúe, mayor será la deuda, más altos los intereses y menor el espacio disponible para la inversión social.

Esa es la verdadera dimensión de la herencia maldita que deja el gobierno Petro: no solo comprometió las cuentas del presente, sino que hipotecó buena parte del futuro. Ahora le corresponde al gobierno De la Espriella desactivar esa bomba fiscal antes de que sus efectos los terminen pagando todos los colombianos.

Bogotá, septiembre de 2026

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