Bogotá, D. C., 31 de julio de 2025. El movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de doscientas organizaciones en todo el país, rechazó el Decreto 0858 de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro, mediante el cual se impone el denominado ‘Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo’.
Esta decisión, adoptada de manera unilateral y arbitraria, sin atender los llamados y las preguntas que escalamos al borrador de decreto, representa un cambio estructural profundo y preocupante en el sistema de salud del país, sin las condiciones necesarias para su adecuada implementación, dijo la organización.
Desde Pacientes Colombia se expresaron las siguientes preocupaciones:
Desmonte del modelo de aseguramiento: El decreto elimina el actual esquema de aseguramiento en salud, reemplazándolo por un modelo estatal similar al que históricamente ha operado, de forma ineficiente, para los maestros.
Incertidumbre financiera: Aunque compartimos la importancia de avanzar hacia un modelo con enfoque preventivo, es alarmante que no exista claridad sobre la fuente de financiamiento. El Gobierno Nacional ha incumplido órdenes previas de la Corte Constitucional y no ha ajustado adecuadamente la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que compromete la sostenibilidad del sistema.
Desinformación sobre los CAPS: El decreto da un plazo de 180 días para que los ciudadanos elijan los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), sin ofrecer información suficiente sobre su ubicación, operación, responsables, ni criterios de conformación. Además, se deja en el aire cómo será el proceso de remisión para acceder a servicios de segundo, tercer y cuarto nivel.
Transformación incierta de las EPS: La conversión de las EPS en Gestoras de Salud y Vida plantea serias dudas sobre su capacidad operativa. Un ejemplo evidente es la situación actual de la Nueva EPS, la cual —siendo la más grande del país— no está garantizando la atención efectiva de sus afiliados, lo que ha tenido consecuencias fatales para muchos pacientes.
Monopolio estatal con la ADRES: La entidad tendrá un aumento desmedido en sus responsabilidades sin que se definan las nuevas estructuras de recursos humanos o la habilitación tecnológica para cumplirlas. Tampoco, se deja claro cómo desde un rol protagónico se articulará con las entidades territoriales, restando autonomía regional. Como institución, la ADRES estaría a cargo de la contratación centralizada y la gestión de los pagos, remplazando las funciones financieras de las EPS.
“El decretazo es una muestra más de la falta de conocimiento y la ausencia de capacidad técnica de nuestro Ministerio de Salud, esto no resuelve la crisis del sistema de salud, sino que politiza los recursos, aumenta las muertes evitables y condena a miles de pacientes a la ruina, obligándolos a pagar de su bolsillo para acceder a los servicios que deberían estar garantizados. Las declaraciones del ministro Jaramillo, admitiendo que los equipos extramurales servirán para pagar elecciones pasadas y futuras, confirman que la salud está siendo usada como pieza política y no como un derecho fundamental. Además, el Gobierno está extralimitando sus funciones, al desconocer el papel de la Comisión Séptima del Congreso de la República. Los pacientes no son ratones de laboratorio de este ni de ningún gobierno”, añadió Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
Acciones como el decretazo se constituyen como un irrespeto a la institucionalidad del país y trasgrede el orden constitucional de independencia de los tres poderes.
Frente a este panorama, Pacientes Colombia hace un llamado urgente a la Corte Constitucional para que declare un Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema de salud y actúe con firmeza para evitar que el Gobierno continúe dilatando la conversación y adoptando medidas improvisadas que ponen en riesgo la vida de millones de pacientes. Exigimos una reforma que se construya desde el diálogo, la evidencia y el respeto por la vida.