Indemnizadas con más de $50.000 millones víctimas del conflicto armado en Antioquia

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Las víctimas indemnizadas sufrieron graves crímenes, como homicidios y desaparición de familiares, secuestros, torturas, violencia sexual, desplazamientos forzados y despojo de tierras. En su mayoría los delitos fueron perpetrados por guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales.

La jornada con más beneficiados se cumplió en Medellín, con 500 víctimas. Martha Jaramillo es una de ellas y llegó al evento con la fotografía de su hermano asesinado por un grupo armado ilegal en 1993.

Tras recibir la carta de dignificación que reconoce la resiliencia y la notificación de su indemnización, se conmovió. Recordó que “en esa época había mucha violencia en los barrios en Medellín y desafortunadamente él fue una de las personas que perdieron la vida’.

Aunque reconoce que no hay dinero que “pueda devolvernos la vida de un ser querido’, la indemnización económica “es una forma de repararnos y de reconocimiento que recibo en memoria de mi hermano y que quiero invertir en una casa propia’.

La Unidad para las Víctimas ha invertido más de 22,3 billones de pesos en las medidas de atención y reparación, incluidos pagos de casi 1.900.000 indemnizaciones en Colombia.

Más de 390.000 se han destinado a personas en Antioquia, la región con mayor población victimizada y, en consecuencia, con mayor inversión en esta población (4,2 billones de pesos). 

La población favorecida con la medida reparadora fue orientada con la oferta de los programas de la Alcaldía de Medellín, el SENA, Colpensiones, instituciones educativas y otras entidades, para la inversión adecuada de los dineros en vivienda, educación, proyectos productivos, empleo, emprendimientos de negocios.

La mayoría de las personas obtiene la compensación tras ser incluida en la ruta de reparación prioritaria para las personas mayores, con discapacidades o enfermedades graves.

Además, mediante la campaña antifraude “Yo Tramito sin Tramitadores’ se reiteró la gratuidad de todos los trámites administrativos y la recomendación para que las personas no paguen, para evitar engaños o estafas.

Con información de la Unidad para las Víctimas.