La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó una vez más “la actitud hostil y anti libertad de prensa” del gobierno del presidente Daniel Ortega, de Nicaragua.
La entidad se expresó luego de que Ortega dispusiera medidas administrativas para obstruir y bloquear el suministro de papel periódico y otros insumos de producción para el diario La Prensa, con sede en Managua.
El diario se quedó sin papel para continuar circulando a nivel nacional a partir de mañana. La Dirección General de Aduana (DGA) mantiene retenida la materia prima importada para la producción del diario y no ha respondido a varias cartas y mensajes enviados por los directivos de La Prensa. Esta es una práctica de represalia reiterada en contra del diario. Durante más de un año, entre 2018 y 2019, el gobierno ya había mantenido un bloqueo aduanero similar, que afectó a la empresa que también publica el diario Hoy. Aquel bloqueo precipitó asimismo el cierre de los periódicos El Nuevo Diario y Q’Hubo.
“Condenamos la actitud hostil y anti libertad de prensa del gobierno de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes apuestan a la asfixia económica y a los continuos ataques contra periodistas y medios de comunicación”, expresó el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras.
“Reiteramos nuestro respaldo a la prensa independiente nicaragüense en medio de la crisis social y política, e instamos a los organismos internacionales a pronunciarse de manera continua y enérgica contra la escalada represiva y la persecución a la prensa y a líderes opositores”, destacó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina.
La SIP realizó a principios de julio una misión virtual a Nicaragua con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica. Al término de las entrevistas, la organización subrayó la restricción de los derechos a las libertades de expresión, de prensa y de reunión, así como las garantías de debido proceso judicial, que se observa en las detenciones de precandidatos a la Presidencia, periodistas, empresarios, campesinos, estudiantes, opositores y críticos al régimen.