Por Amylkar D. Acosta Medina [1]
¡Más es la bulla que la cabuya!
Esta expresión campechana del Caribe es nuestra versión de la shakespeareana de mucho ruido y pocas nueces, es la más apropiada para describir cuanto viene acaeciendo o dejando de suceder en este cuatrienio presidencial con la Transición energética, cuya política al respecto ha sido más efectista que efectiva[2]. Veamos.
FUNDAMENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Como es bien sabido en el año 2015 tuvo lugar la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, la COP 21, la que concluyó con la firma del Acuerdo de París, el cual se planteó como objetivo fundamental la descarbonización de la economía, con la finalidad de contrarrestar la inclemencia del Cambio climático y sus estragos. En virtud del mismo los países signatarios adquirieron el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático. Colombia, particularmente, se comprometió a reducir dichas emisiones en un 51% hacia el año 2030, considerado la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad hacia el año 2050.
Este mismo año se adoptaron por parte de las Naciones Unidas los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), iniciativa ésta que partió de Colombia, país este que encontró su acogida en la Cumbre Río + 20 en 2012, 2 de los cuales se conectan directamente con el Acuerdo de París. El 7, que tiene que ver con el acceso a energías limpias, no contaminantes y el 11 que plantea las acciones y estrategias a seguir para lograr el cometido de la sostenibilidad ambiental y la mayor resiliencia frente al Cambio climático.
De dichos compromisos surgió, con mucha fuerza, hasta convertirse en paradigma para la comunidad internacional, el concepto de la Transición energética, entendido como la integración a la matriz energética de los países las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias. Ello, habida cuenta que el sector energético, a nivel global, contribuye con el 73% de las emisiones de GEI, que no es el caso de Colombia, que se aspiran reducir en la medida que, de manera gradual y progresiva se sustituya el consumo de las energías de origen fósil (petróleo, gas y carbón).
COLOMBIA SE POSICIONA
Colombia se había adelantado a la Transición energética, en la medida en que desde la década de los 90´s del siglo XX promovió la reconversión del gas vehicular, el uso del gas natural en reemplazo del carbón en la generación de energía y la masificación de su uso para consumo domiciliario. También, avanzó en tal sentido con la mezcla de los bicombustibles desde el año 2005, al tiempo que ECOPETROL ha hecho ingentes esfuerzos para mejorar la calidad de los combustibles derivados del petróleo que se expende y se consume en todo el territorio nacional. Y, de contera, en el año 2014 fue aprobada la Ley 1715, que propende por el impulso de las FNCER, incentivándolas, estimulándolas. Posteriormente se expidió la Ley 2099 de 2021, por medio de la cual se reforzó la Ley anterior, ampliándole el espectro de las FNCER beneficiarias de tales incentivos, los cuales les fueron extendidos.
Dado el potencial que ofrece Colombia en FNCER y contando con esta caja de herramientas que le allanaron el camino, entre los años 2019 y 2021 se convocaron sendas subastas en las que por primera vez participaron las FNCER, las cuales concluyeron con éxito, ya que se adjudicaron 2.400 MW en capacidad de generación eólica. Se trataba de 16 parques eólicos, todos ellos situados en La Guajira, que estaba llamada a convertirse en el Hub energético del país. Todo ello le valió un envidiable posicionamiento a Colombia en la Transición energética, a tal punto que en el ranking del desempeño de la misma, según el reporte en 2021 del Foro económico mundial (FEM) a nivel global Colombia ocupó el puesto 29 y el 3º a nivel de Latinoamérica.
VÍSPERAS DE MUCHO Y DÍA DE NADA
Con el advenimiento de la administración presidida por Gustavo Petro se esperaba que la Transición energética tendría las mayores y mejores oportunidades de desarrollo, ya que la misma constituía para él su apuesta central, como lo denotan el tono y la recurrencia de sus discursos, los que le han ganado mucho protagonismo en el plano internacional, especialmente en las 3 COP de las Naciones Unidas en las que ha participado.
Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho y en materia de Transición energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de desarrollo 2022 – 2026, todo se ha quedado en la retórica. Los primeros parques eólicos han debido entrar a operar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno, uno a uno los desarrolladores de los mismos han venido renunciado a su apuesta por ellos, debido a los obstáculos insalvables para ellos en los que se han convertido las consultas previas y las licencias ambientales.
En los último tres años se ha venido dando el abandono de la construcción de los parques eólicos, CELCIA, ENEL, EDF RENEWABLES y BOGONIA, fueron los primeros en renunciar al desarrollo de sus proyectos y el caso más reciente es el de la multinacional portuguesa, nada menos que la cuarta mayor generadora de energía eólica en el mundo, EDP RENEWABLES, responsable de los dos mayores proyectos, el de ALFA de 212 MW y BETA de 280 MW. Como lo manifestó Juan Ricardo Ortega de los 16 proyectos que se contemplaban prácticamente “sólo queda AES, con una proyecto eólico”[3]. Y añade, “no es que se desmorone la posibilidad de la Transición energética, es que, como está evolucionando no va a ocurrir”[4]. La principal razón que adujo EDP RENEWABLES para tomar su decisión, después de haber superado su primer escollo, el de las consultas previas, fue la paquidermia de la ANLA en la expedición de la licencia ambiental.
Además del licenciamiento ambiental de los proyectos, la principal barrera con la que han venido tropezando las empresas para lograr el cometido de su puesta en marcha es la falta de confianza inversionista y la inseguridad jurídica. Como se recordará con la aprobación del Plan Nacional de desarrollo se incrementó la transferencia por parte de las empresas del 1% al 6% de la venta de la energía generada. Ello llevó a afirmar al Presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega que “nadie tiene claras cuáles van a ser las reglas si invierten en Colombia”[5], pronóstico este muy desalentador.
Y más recientemente, con la expedición de la Resolución CREG 101 066 de 2024, que discriminó el precio de escasez estableciendo dos en lugar de uno sólo, el aplicado a la energía proveniente de FNCER se bajó de $945 el KWH a $359, con lo cual se dificulta aún más el cierre financiero de los proyectos en marcha y disuade a eventuales inversionistas interesados en apostarle a nuevos proyectos. Como lo afirma la Presidenta ejecutiva de SER Colombia, la Asociación de energías renovables Alexandra Hernández, “en estos momentos es cuando menos remuneración hay de las energías renovables, sobre todo en los cargos por confiabilidad”[6].
De allí que el poco avance en el desarrollo de las FNCER en Colombia se reduce a los 20 MW de capacidad instalada en Guajira 1, que inauguró el Presidente Iván Duque en enero de 2022 y al 1.9 GW, de 16.3 GW asignados y aprobados por la Unidad de planeación Minero – energética (UPME) en granjas solares fotovoltaicas, los cuales representan menos del 10% de toda la capacidad instalada de generación con que cuenta el país actualmente (20.7 GW). Asaz difícil para el Presidente Petro alcanzar la meta de los 6 GW de participación en la matriz eléctrica de las FNCER que él mismo se impuso para el final de su administración.
El freno del avance de la ejecución de los proyectos de generación de energía a partir de FNCER, que se ha visto agravado con la dilación de la expedición de la Licencia ambiental para la Línea colectora, llamada a transportar la energía generada por ellos hasta inyectarla al Sistema interconectado nacional (SIN), que sólo entrará en el segundo trimestre de 2026, lo cual posterga de hecho la entrada de 1.050 MW de energía eólica que dependen de la misma.
LEJOS DE LA META DEL GOBIERNO PETRO
Todo ello, sumado, explica que en el más reciente Informe del FEM Colombia pasó del puesto 29 al 35 entre 120 países a nivel global y en Latinoamérica pasó al 6º puesto en su desempeño de la Transición energética. Y no es para menos, dado que hasta el momento, increíblemente no se cuenta siquiera con la Hoja de ruta de dicha Transición. Tanto más en cuanto que en lugar de construir sobre lo construido se optó más bien por demoler la construido.
Y no lo decimos a humo de paja, es que en el Gobierno anterior se alcanzó a expedir el Documento CONPES 4075, fechado el 29 de marzo de 2022, estableciendo la Política de transición energética, con fundamento en el Informe y las recomendaciones de la Misión de transformación energética y modernización de la industria eléctrica, integrada por expertos del más alto nivel, quienes lo entregaron en agosto de 2021, bajo el título de la Hoja de ruta para la energía del futuro.
Bien pudo el Gobierno actual partir del mismo, sin perjuicio de avanzar en su ejercicio de los “diálogos sociales”, auspiciados desde el Ministerio de Minas y Energía, de los cuales sólo han quedado unos documentos emanados de los mismos, en el cual se hace un juicioso análisis por escenarios, pero prefirió hacer borrón y cuenta nueva. Estos que han debido servirle al Gobierno como insumo para los lineamientos de política contentiva de la prometida Hoja de ruta de la Transición energética justa, se quedaron en eso, en insumos, que es tanto como tener al alcance de la mano las piezas de un lego y no armarlo!
Medellín, diciembre 7 de 2025
[1] Miembro de Número de la ACCE
[2] Amylkar D. Acosta M. Acelerando en neutro. Mayo, 24 de 2023/ La Transición energética en pausa. Junio, 2 de 2023
[3] El Tiempo. Diciembre, 23 de 2024
[4] Ídem
[5] Ídem
[6] Ídem