El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, afirmó que Latinoamérica vive tiempos complejos por los efectos de la pandemia de la covid-19 en los derechos de la gente, pero además por “derivas autoritarias” que se han presentado recientemente.
“La región esta viviendo un momento especial porque estamos sufriendo las consecuencias de la crisis de la covid-19 que ha apuntado a temas como los derechos económicos, sociales y culturales, pero que han implicado un replanteo de algunas democracias en la región, sobre todo hubo una ola de fuertes protestas sociales demandando mejoras a los Gobiernos”, declaró Pérez Manrique en entrevista con Efe.
El juez, que asumió la presidencia del tribunal esta semana para un periodo de dos años, comentó que las protestas que se han visto en la región “demostraron que las democracias tenían dificultades para integrar todas las voces a los efectos de ir buscando soluciones a los problemas”.
Además de estos conflictos sociales, dijo Pérez Manrique, en los últimos años “hemos visto claras derivas autoritarias en la región y lugares en los que existen alarmas por las violaciones a los derechos humanos”.
“Frete a esta situación compleja, la Corte Interamericana va a mantener firme el rumbo en cuanto a la aplicación de la Convención Americana y el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo.
Uno de los países en donde ha habido una mayor alerta sobre derechos humanos recientemente es Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega resultó reelegido en noviembre pasado en un proceso electoral rechazado por la mayoría de la comunidad internacional debido al encarcelamiento de opositores, incluidos candidatos presidenciales.
El juez Pérez recordó que la CorteIDH emitió el año pasado medidas provisionales ordenando la liberación de los presos en el marco del proceso electoral y planteó una visita al sitio, sin embargo, el Estado nicaragüense no acató los pronunciamientos del tribunal.
Nicaragua “ha respondido que no está obligado por las decisiones de la Corte lo cual es una situación excepcionalísima y hay que admitir que existe y es un gran problema, no solo para la Corte sino para el sistema interamericano”, expresó Pérez.
El presidente de la CorteIDH aseguró que ha percibido el apoyo de la gran mayoría de los países de la región al trabajo del tribunal y enfatizó en la necesidad de que se conserve la solidez del sistema, al que considera un ejemplo mundial.
“Siempre van a haber voces discordantes y siembre van a haber cuestionamientos, pero lo importante es mantener la solidez y la firmeza del sistema que es un ejemplo en la región y el mundo. Otros tribunales regionales consideran nuestra jurisprudencia para tomar decisiones”, declaró.
Pérez Manrique agregó que “es importante que esta corte pueda mantenerse por fuera y por encima de los debates políticos que hay en la mayoría de los países y pueda ser visualizada como un lugar de intercambio de ideas donde todo mundo es escuchado y donde se adoptan las decisiones más justas o mas ajustadas al derecho”.
El presidente de la CorteIDH celebró que este 2022 se 3 de los 7 puestos de juez corresponden a mujeres, la mayor representación femenina que haya tenido el tribunal.
Las nuevas juezas son la costarricense Nancy Hernández, la argentina Verónica Gómez y la chilena Patricia Pérez.
Para el presidente de la CorteIDH, el tribunal debe seguir promoviendo la pluralidad y además involucrarse de forma más cercana con los países realizando audiencias en diversas ciudades de la región.
Pérez Manrique además resaltó la importancia de los fallos de la Corte, así como de las opiniones consultivas y medidas provisionales, porque considera que han promovido cambios en legislación y políticas de la región en beneficio de los derechos de la población.
Recordó que la CorteIDH nació en tiempos de dictaduras en la región y que por años sus casos se relacionaron a crímenes de esas épocas, pero que en la actualidad las sentencias del tribunal abarcan un espectro más amplio como por ejemplo violaciones a los derechos de la comunidad sexualmente diversa, a la independencia judicial, a la libertad de expresión, a derechos democráticos y culturales, como por ejemplo las poblaciones indígenas.
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