Créditos inexistentes, inversiones con rendimientos irreales y suplantaciones digitales comparten un mismo riesgo: la confianza obtenida mediante el engaño.

Estas son las medidas prácticas para reducirlo en Colombia y México.

Por Carlos Eduardo Figueroa Gutiérrez | Colaboración editorial para La Gran Noticia

La verificación de identidades, documentos y medios de pago es una primera barrera frente a las estafas digitales y patrimoniales.
Imagen ilustrativa.

Una oferta de inversión que promete ganancias extraordinarias, una supuesta entidad financiera que exige anticipos o un vendedor que solicita transferir el dinero de inmediato pueden parecer situaciones distintas.

Sin embargo, tienen un elemento común: buscan que la persona tome una decisión económica sin verificar información esencial. En operaciones por internet, el engaño puede involucrar páginas
clonadas, perfiles falsos, documentos aparentemente auténticos y mensajes enviados desde cuentas que imitan a empresas reconocidas.

El problema no se limita a las compras digitales. También surge en negocios de bienes raíces, inversiones privadas, créditos, intermediaciones comerciales y relaciones entre personas que se conocen desde hace años. Desde la experiencia de análisis jurídico de Figueroa y Asociados Colombia, la prevención comienza antes de entregar dinero, firmar contratos o compartir información personal: exige identificar a la contraparte y documentar la operación.

¿Qué diferencia una estafa de un negocio que salió mal?

En Colombia, el artículo 246 del Código Penal contempla la estafa cuando alguien obtiene un provecho ilícito, para sí o para un tercero, en perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otra persona en error mediante artificios o engaños.

En México, el artículo 386 del Código Penal Federal define el fraude a partir del engaño o del aprovechamiento del error para obtener ilícitamente una cosa o alcanzar un lucro indebido; la legislación penal de cada entidad federativa también puede resultar aplicable, según el caso.

La distinción es fundamental: no todo incumplimiento contractual constituye automáticamente estafa o fraude. Una inversión puede fracasar legítimamente y una deuda puede permanecer impaga sin que necesariamente exista un delito. Para una valoración penal importan, entre otros aspectos, la forma en
que se obtuvo el dinero, las representaciones efectuadas, la existencia de engaño relevante y las pruebas disponibles.

Siete señales de alerta que conviene reconocer

• 1. Rentabilidad “garantizada” y desproporcionada. Si una inversión promete retornos constantes, muy
     superiores a los habituales y sin explicar los riesgos, solicite información verificable sobre el negocio,
     los responsables y el origen de los rendimientos.
  1. Pagos anticipados para recibir un crédito. Los supuestos gastos de “liberación”, “seguro” o “activación” exigidos antes de entregar un préstamo son una señal de alerta conocida por las autoridades financieras de ambos países.
  1. Presión para decidir de inmediato. Expresiones como “solo hoy”, “última oportunidad” o “no consulte con nadie” buscan impedir una verificación independiente. Una operación legítima debería permitir revisar documentos y condiciones.
  1. Identidades y documentos difíciles de comprobar. Una página web elegante, un logotipo o una constancia enviada por mensajería no acreditan por sí solos la existencia, representación legal o autorización de una empresa.
  1. Cuentas bancarias incongruentes. Desconfíe si se anuncia una empresa, pero exige transferencias a una persona no vinculada al contrato, o si cambia reiteradamente la cuenta de pago sin explicación
     verificable.
  1. Solicitudes de claves o códigos de seguridad. Los códigos de un solo uso, contraseñas, tokens y accesos remotos no deben proporcionarse a desconocidos ni a supuestos funcionarios que contactan de forma inesperada.
  1. Contratos vagos o sin respaldo documental. Si no existe una identificación clara de partes,
     obligaciones, plazos, riesgos y mecanismos de reclamación, la persona queda en desventaja para
     demostrar lo convenido.

Comprobar antes de pagar: medidas útiles en ambos países

En Colombia, una búsqueda en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) ayuda a conocer datos registrales básicos de sociedades y comerciantes.

Cuando la oferta implica servicios financieros o inversiones sujetas a vigilancia, es pertinente consultar los registros y advertencias de la Superintendencia Financiera. Que una empresa esté registrada no garantiza que la inversión sea segura ni que cumpla sus obligaciones.

En México, antes de contratar un crédito con una entidad financiera, resulta útil consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF y confirmar teléfonos, domicilio y denominación directamente con la institución.

La CONDUSEF ha advertido que los suplantadores pueden utilizar nombres, logotipos y materiales muy similares a los de entidades reales. En transacciones comerciales también conviene verificar registros, contratos y a los representantes autorizados.

En México, Figueroa y Asociados presenta información sobre sus servicios de asesoría jurídica. Antes de concretar operaciones relevantes, conviene documentar las conversaciones, conservar contratos y cotizaciones, confirmar que la cuenta bancaria corresponda a la contraparte y no basar una decisión únicamente en testimonios publicados por el vendedor.

¿Qué hacer si ya entregó dinero y sospecha de una estafa?

• Actúe cuanto antes ante su banco o plataforma de pago. Informe la operación y pregunte por los mecanismos disponibles para reportar el movimiento, bloquear accesos o solicitar una revisión. La posibilidad de recuperar fondos depende de las circunstancias y no está garantizada.
• Conserve toda la evidencia. Guarde contratos, comprobantes, estados de cuenta, conversaciones
  completas, correos electrónicos, anuncios, direcciones de páginas y números telefónicos. Anote las fechas y evite alterar archivos originales.
• Proteja sus cuentas. Si compartió claves o datos, cambie contraseñas desde dispositivos seguros, active
  autenticación adicional y comuníquese directamente con las instituciones involucradas.
• Acuda al canal de denuncia competente. En Colombia puede utilizar los mecanismos oficiales de la Fiscalía General de la Nación y, cuando haya componentes informáticos, las herramientas de orientación de la Policía Nacional. En México, la denuncia penal corresponde a la Fiscalía competente
  según los hechos; si intervino una institución financiera, pueden existir vías adicionales de orientación o reclamación.
• Busque valoración jurídica individual. En Medellín, quienes enfrenten una investigación o necesiten asesoría penal pueden conocer los servicios de abogado penalista en Medellín. La revisión de documentación permite diferenciar posibles delitos de controversias civiles o comerciales y definir el procedimiento pertinente.
  Prevenir no es desconfiar de todos, sino verificar mejor
  La prevención de estafas exige una regla sencilla: ninguna promesa de rentabilidad, apariencia profesional o urgencia comercial debe sustituir la comprobación independiente. Verificar la identidad de quien ofrece el negocio, conocer las obligaciones asumidas, utilizar canales de pago trazables y conservar la documentación reduce riesgos y facilita una eventual reclamación. La tecnología cambia los métodos de
  engaño, pero no elimina la necesidad de prudencia y evidencia.
  Fuentes jurídicas e institucionales consultadas: Colombia: Código Penal, Ley 599 de 2000, art. 246; Superintendencia
  Financiera de Colombia (alertas sobre falsos vigilados y prestamistas); Policía Nacional de Colombia (prevención de delitos informáticos); Fiscalía General de la Nación (denuncia virtual). México: Código Penal Federal, art. 386; CONDUSEF (alertas de suplantación de instituciones financieras y consulta SIPRES).
  Nota editorial: Este contenido tiene fines de información y prevención. No sustituye el análisis de un caso concreto, ni atribuye carácter delictivo a cualquier incumplimiento contractual.