El discurso de clausura de la 60ª Convención Bancaria planteó una hoja de ruta que va mucho más allá de los bancos: recuperar el crédito, ampliar la inclusión financiera, impulsar vivienda y agro, acelerar los pagos digitales y cerrar espacios económicos que hoy ocupan el gota a gota, el fraude y otras estructuras ilegales.

El mensaje con el que Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, cerró la 60ª Convención Bancaria puede leerse como algo más que el balance de una reunión gremial.

En medio de una coyuntura marcada por restricciones de crédito, altas tasas de interés, necesidades de reactivación económica y la expansión de economías ilegales, el sector financiero puso sobre la mesa una especie de mapa de lo que considera debe ser la banca colombiana de los próximos años.

La Convención, realizada entre el 26 y el 28 de agosto en Cartagena, reunió al sector financiero, Gobierno, organismos internacionales y expertos alrededor de temas que reflejan buena parte de las tensiones económicas del país: crecimiento, ajuste fiscal, infraestructura, vivienda, consumo, inteligencia artificial, competitividad y acceso al crédito.

La tasa de política monetaria del Banco de la República se mantiene actualmente en 12 %, un nivel que ayuda a explicar por qué el costo y disponibilidad del financiamiento continúan siendo asuntos centrales para hogares y empresas.

Pero el punto de mayor alcance del discurso de clausura estuvo en reconocer que Colombia ha avanzado notablemente en bancarización sin haber resuelto todavía el problema fundamental del crédito.

Según las cifras expuestas por Asobancaria, 20,3 millones de adultos poseen actualmente por lo menos un producto de crédito formal, equivalentes al 51,6 % de la población adulta. La meta propuesta es llevar esa proporción al 75 %, es decir, pasar aproximadamente de 20 millones a 30 millones de personas vinculadas al crédito formal.

Se trata de incorporar alrededor de 10 millones de nuevos usuarios, una cifra que transforma la discusión. Ya no se habla solamente de abrir cuentas bancarias o promover productos digitales, sino de quién financia las necesidades reales de millones de colombianos cuando el sistema formal no lo hace.

Asobancaria calcula que cinco millones de personas podrían ser rebancarizadas mediante una estrategia conjunta entre el Gobierno y el sector financiero.

Para ello plantea incluir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo una comisión especializada en rebancarización, fortalecer mecanismos de garantías estatales y revisar aspectos de la metodología utilizada para determinar la tasa de usura, que, según el gremio, termina dejando por fuera del mercado formal a segmentos que representan mayor riesgo financiero.

Detrás de esa propuesta aparece uno de los fenómenos más graves y menos examinados desde la perspectiva financiera: el crecimiento del gota a gota como alternativa de crédito para quienes no encuentran otra puerta abierta.

Malagón lo plantea de manera directa: rebancarizar significa también quitarle clientes al crédito ilegal. Y esa afirmación conecta al sistema financiero con un problema que hasta hace pocos años parecía pertenecer casi exclusivamente al ámbito policial.

El gota a gota ya no puede observarse simplemente como la actividad aislada de pequeños prestamistas. En numerosas regiones se ha convertido en una renta asociada a organizaciones criminales que encuentran en la necesidad económica de la población un mercado permanente para ejercer presión, intimidación y control.

La frontera entre exclusión financiera y seguridad comienza entonces a desaparecer. Cuando una persona, un pequeño comerciante o una familia necesita recursos y no tiene acceso al crédito legal, surge un espacio económico que alguien terminará ocupando. Si allí llega una estructura ilegal, el problema financiero puede convertirse rápidamente en un problema de seguridad.

Por eso uno de los aspectos novedosos del planteamiento de Asobancaria es precisamente vincular el futuro de la banca con la lucha contra la criminalidad.

El documento señala la necesidad de fortalecer la protección de los usuarios mediante utilización de datos, cooperación institucional y prevención del fraude. La transformación tecnológica del sistema financiero trae enormes oportunidades, pero simultáneamente abre nuevos frentes frente al fraude electrónico, la suplantación y otras modalidades utilizadas por organizaciones delictivas.

El horizonte planteado tampoco se limita al crédito de consumo. La agenda que Asobancaria propone para los próximos años incluye recuperar la profundización financiera, impulsar el crédito agropecuario y de vivienda, extender los pagos digitales, aumentar el aseguramiento y conseguir que los bachilleres colombianos terminen su formación con conocimientos financieros básicos.

Allí aparece otra dimensión importante del mensaje. La banca que viene tendría que ser menos dependiente de la oficina física, mucho más intensiva en tecnología y datos, pero al mismo tiempo más cercana a segmentos de la población históricamente considerados demasiado pequeños, informales o riesgosos.

La inteligencia artificial, las finanzas abiertas y los nuevos sistemas de información podrían permitir evaluar de otra manera a ciudadanos que hasta ahora no han logrado construir una historia crediticia convencional.

El desafío será convertir esa transformación tecnológica en inclusión real. Colombia podría tener millones de usuarios conectados digitalmente y continuar, sin embargo, con una enorme población por fuera del crédito.

La verdadera prueba no será entonces cuántas operaciones pueden realizarse desde un teléfono celular, sino cuántas familias, emprendedores, agricultores y pequeños comerciantes consiguen financiación legal en condiciones sostenibles.

En ese sentido, el discurso de clausura de la Convención Bancaria termina siendo también una advertencia sobre la economía colombiana que viene.

Un país con dificultades fiscales, necesidades de crecimiento, déficit de vivienda, amplias zonas de informalidad y estructuras criminales buscando nuevas fuentes de ingresos necesitará un sistema financiero mucho más amplio que el actual.

La banca parece haber entendido que su próxima frontera no está únicamente en competir por quienes ya tienen cuentas, tarjetas o créditos, sino en incorporar a quienes todavía permanecen al margen.

Y allí puede estar uno de los grandes debates económicos de los próximos años: si Colombia logra convertir el crédito formal en una herramienta de desarrollo y de seguridad, o permite que la exclusión financiera continúe alimentando uno de los negocios más rentables de la economía criminal.